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Lucha contra el narco justifica represión en AL, acusan organizaciones

Tania L. Montalvo, Animal Político

Jueves 27 de marzo de 2014 (01/03/14)
Animal Político ver en animalpolitico.com

Organizaciones de América Latina dijeron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos que por el combate a las drogas se justifican políticas de mano dura




En la primera audiencia en un organismo internacional en la que se analiza cómo la lucha contra las drogas en América Latina está vinculada al aumento de violencia y violaciones a derechos humanos, 17 organizaciones civiles de la región acusaron que bajo el pretexto de que se combate el narcotráfico los Estados implementan políticas cada vez más represivas.

“El temor que las drogas provocan ha llevado al montaje de respuestas estatales cada vez más represivas () la lucha contra el narcotráfico está justificando políticas de mano dura”, dijo este martes en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la representante del Centro de Estudios Legales y Sociales con sede en Argentina.

Según las organizaciones civiles que participaron en Washington en el 150 Periodo de Sesiones de la CIDH también es alarmante que actualmente no exista un documento que dé cuenta “de los enormes costos de la guerra contra las drogas en el goce y disfrute de derechos humanos en la región”, por lo que solicitaron a la Comisión que se involucre en la problemática.De parte de México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) dijo que al menos desde 2006 se ha instrumentado una política que privilegia la seguridad nacional por encima de la seguridad ciudadana, lo que ha derivado en “múltiples” violaciones a derechos humanos y el uso de las fuerzas armadas como eje rector de una estrategia de combate contra las drogas.

Desde que inició esa estrategia, “la tasa de homicidio pasó de 8 a 18 por cada 100 mil habitantes” e impera un “clima generalizado de inseguridad”, destacó José Antonio Guevara, director general de la CMDPDH.

Otros datos destacados en esta audiencia sobre México son el uso mensual de hasta 40 mil agentes de las fuerzas federales para operativos contra la delincuencia; el aumento en el uso del arraigo, testigos protegidos y prisión preventiva automática, sin que éstas medidas descalificadas por instancias internacionales de derechos humanos den resultados.

De 2008 a 2012, detalló Guevara, se han arraigado a 895 personas, pero de éstas, sólo 3.2 han recibido sentencia condenatoria.

Asimismo, se destacó el aumento en el uso de la tortura para la obtención de pruebas y que pese a que cada vez son más organizaciones civiles las que denuncian que el delito se llevó a cabo, desde 2006 sólo 12 personas han sido consignadas.

Las organizaciones civiles también destacaron que en Perú hay al menos cinco departamentos administrativos sobremilitarizados y que en 2013 en Argentina se dispuso de las fuerzas armadas para realizar patrullajes pese a que se prohíbe en la ley.

La petición a la CIDH no sólo fue en función de involucrarse en cómo la lucha contra las drogas está implicando políticas que dan paso a abusos, sino a ampliar la discusión de que las políticas restrictivas dejan a un lado que el tema sea visto con un enfoque de salud.

“Quiénes realmente padecen de un uso problemático de sustancias ya sea legales o ilegales se encuentran con un sistema sanitario que no está dispuesto siquiera a recibirlos y que no cuenta con una amplia oferta accesible a tratamientos médicos”.

Las organizaciones civiles que participaron en esta audiencia fueron la American Civil Liberties Union (ACLU), la Asociación Pro derechos Humanos (APRODEH) de Perú, la Canadian Civil Liberties Association (CCLA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) de Perú, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) de Honduras, el Colegio Médico de Chile, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)de México, el Conectas Direitos Humanosde Brasil, el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD) de México, la Corporación Humana de Chile, el Centro de Estudios de Derechos Justicia y Sociedad (DeJusticia) de Colombia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR) de Uruguay, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) de Argentina, la Fundación Myrna Mack de Guatemala, y Washington Office on Latin American (WOLA).

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