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Presidencia de la República

Boletín de la puesta en marcha del Operativo México Seguro
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan divers
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Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal

Presidencia de la República

Miércoles 3 de diciembre de 2003 (17/06/05)
Presidencia de la República ver en senado.gob.mx





C. Presidente de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En tiempos recientes, México ha comenzado a enfrentar un problema de venta y consumo indiscriminado de drogas prohibidas, y ya no sólo de producción y traslado hacia Estados Unidos.

Lo anterior constituye la más grave amenaza de las nuevas generaciones, como sociedad y como Nación. No podemos, permitir que las organizaciones criminales se apoderen del destino de nuestra sociedad en especial, de nuestras niñas, niños y jóvenes.

México ha venido promoviendo, en el seno de las Naciones Unidas, el reconocimiento internacional de que el control de las drogas es una responsabilidad compartida de todos los Gobiernos; es tiempo de consolidar esta visión de corresponsabilidad en el ámbito interno.

La situación actual ha demandado que el Gobierno Federal conjunte esfuerzos no solo con la población, sino también con los órdenes locales de gobierno, con el propósito de atender el fenómeno de la posesión, distribución y comercio de drogas prohibidas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, una de las prioridades es garantizar el orden público, con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos y al Estado de Derecho. En este sentido, establece que es necesario construir una Nación en donde todo mexicano viva con la certidumbre de que el Gobierno en sus tres órdenes, lucha permanente y vigorosamente contra la impunidad, la violencia, la delincuencia organizada y la corrupción, con el fin de que se consolide la estructura política del pacto federal, la democracia y la vida republicana, para lo cual se hace necesaria también la participación creciente de la población en las definiciones y tareas nacionales.

Asimismo, menciona que algunas de las verdaderas amenazas a las instituciones y a la seguridad nacional, son la delincuencia organizada y, en especial, en una de sus manifestaciones más recurrentes como es el tráfico de drogas.

El Gobierno Federal privilegia el interés superior del bien común y éste se logra mediante la aportación en todos los ámbitos, así como a través de la distribución de competencias, responsabilidades y recursos en las tareas más urgentes de nuestra Nación.

Así, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, ha establecido que para lograr su objetivo rector número 5, relacionado con la cooperación para el combate al narcotráfico, es necesario que se celebren convenios de colaboración que tienen la finalidad de obtener mejores resultados en la lucha frontal a las organizaciones delictivas cuya actividad principal es el tráfico de enervantes.

No obstante, el comercio de drogas prohibidas sigue en ascenso y, para que el Estado Mexicano combata este flagelo social, se considera necesario realizar una reforma legal que permita a las entidades federativas atender una parte del problema, toda vez que la suma de medios y facilidades con las que cuentan los estados de la República y el Distrito Federal, superan los que tiene la Federación en cada demarcación federativa, y ello permitirá a cada una de dichas entidades atender de mejor manera un aspecto que se considera medular para erradicar la posesión, distribución y consumo de narcóticos en dosis individualizadas, que es rubro específico de lo que se conoce o se ha denominado como "narcomenudeo".

El fenómeno de las drogas prohibidas en México constituye un problema de seguridad pública porque pone en peligro la salud de las personas, la integración de las familias y la armonía social de cada Municipio, Estado y Distrito Federal, toda vez que propicia la delincuencia organizada y corrompe las estructuras de Gobierno encargadas de procurar e impartir justicia.

En el mismo tenor, en el punto 2.4 del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, se establece que el Gobierno Federal impulsará el desarrollo de acciones coordinadas e integrales para combatir frontalmente al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Con el fin de no quedar rezagados frente al desarrollo de la comisión de dichas conductas, las instituciones deben adaptar la legislación respecto de las formas de comisión de delitos, mediante el incremento de la cooperación y participación en todas y cada una de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia del país de manera integral.

En este mismo orden de ideas, los nuevos retos de la sociedad mexicana en la búsqueda para resolver la creciente ola delictiva tanto del Fuero Federal como del Común, obliga hoy, más que nunca, a integrar un bloque que con la suma de esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno, incorporan democráticamente la participación ciudadana como uno de los ejes fundamentales del actuar de las instituciones de Gobierno encargadas de procurar justicia en todo el territorio nacional, en una lucha frontal contra la delincuencia.

El interés colectivo hace necesaria la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios en los diversos problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Al respecto, el Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006 prevé formar un frente común para que todos los sectores participen en el esquema de planeación de las acciones que el Gobierno emprenda y, de esta manera, hacer que la lucha contra las drogas se convierta en una causa de toda la Nación y se incrementen los resultados.

Sin embargo, es importante destacar que la coordinación de esfuerzos, que el Programa estima fundamental para que la lucha contra la delincuencia sea completa, debe darse con estricto respeto a la competencia de las autoridades locales, observando el bien común como premisa del quehacer, pero convencidos de que con una gran suma de esfuerzos, se permite afrontar y disminuir en alta proporción la delincuencia.

En este sentido, la Ley General de Salud, establece en su artículo 13, apartados A y B, la distribución de competencias concurrentes entre la Federación y las entidades federativas, que desarrollan en el ámbito de sus competencias y posibilidades. Sin embargo, esta propuesta se concreta mediante la adición de un apartado C, con el objetivo de facultar a los Gobiernos tanto Federal como de las entidades federativas para prevenir el comercio, posesión o suministro de estupefacientes y sustancias psicotrópicas materia de narcomenudeo, a través de sus autoridades competentes y en el marco de sus atribuciones legales, lo cual significa auspiciar la posibilidad de que la Federación, o bien, la Entidad Federativa correspondiente, conozcan de un hecho constitutivo de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo como aspecto de la salubridad general.

Cabe precisar que en esta propuesta se entiende como narcomenudeo, la posesión, el comercio o suministro de estupefacientes o psicotrópicos, cuando por la cantidad y presentación o forma de embalaje, se determine que es para su distribución en dosis individuales.

Sin lugar a dudas, esta propuesta viene a modificar la actual situación en la que, el combate a las adicciones, concretamente en materia de delitos contra la salud, es una materia reservada a la Federación, sin embargo, dado el incremento de esta problemática, y con el objetivo de evitar que la farmacodependencia siga afectando a la población de cada Entidad Federativa y de cada Municipio, se hace necesario adoptar la corresponsabilidad de los distintos órdenes de Gobierno en los términos que se proponen en esta iniciativa.

No se omite mencionar que el artículo 3 de la Ley General de Salud, señala que son materia de salubridad general el programa contra alcoholismo; el programa contra el tabaquismo, y el programa contra la farmacodependencia; sin embargo es menester adicionar la fracción XXVIII, al numeral en cita, a efecto de establecer de una manera precisa que es materia de salubridad general la prevención de adicciones a estupefacientes y sustancias psicotrópicas, evitando la posesión, el comercio o suministro de los mismos, de forma tal que sustente el contenido del Título Decimosegundo en el que se propone adicionar las conductas delictivas en la materia y, sobre todo, prescriba la participación directa por parte de las autoridades competentes en las entidades federativas.

El objetivo de la reforma es que las instancias de procuración e impartición de justicia y las de ejecución de sanciones penales locales, sean quienes conozcan de los procedimientos y, sólo en casos específicos, los órganos de justicia federal ejerzan directamente su atribución en materia de narcomenudeo.

Atendiendo a que los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo continuarán siendo materia federal serán la Ley General de Salud y, de forma supletoria, el Código Penal Federal, los ordenamientos sustantivos aplicables, y la legislación local adjetiva en la materia, para el procedimiento, pues esta última es la que regula las actuaciones de las autoridades locales.

Lo anterior es similar al tratamiento que se da a los delitos del Fuero Común atraídos al Fuero Federal por su conexidad con delitos federales, a los que se aplica el Código Penal local en lo sustantivo, pero el Código Federal de Procedimientos Penales en lo adjetivo, en razón del fuero que sustancia el procedimiento, a efecto de evitar inconsistencias en el mismo, propias de las diferencias existentes entre el procedimiento local y el federal, por lo que de esta forma las autoridades locales aplicarán sus normas procesales.

Una situación similar se presenta actualmente en las controversias civiles y criminales, ya que la Constitución, en su artículo 104, fracción I, permite que cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los Jueces y Tribunales Federales o del orden Común. En caso de que el actor eligiese los órganos jurisdiccionales locales se aplicarán las disposiciones federales que rijan el acto o hecho jurídico materia de la controversia, tales como el Código de Comercio; la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; la Ley General de Sociedades Mercantiles, y otros ordenamientos legales. Sin embargo, las reglas procesales serán las contenidas en el Código Adjetivo de la Entidad Federativa correspondiente.

El Ejecutivo Federal a mi cargo promovió ante esa soberanía una reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de facultar a las autoridades del Fuero Común para conocer y resolver sobre delitos federales que se establezcan en ordenamientos legales que regulan materias de carácter concurrente, como es el caso de la Ley General de Salud.

De aprobarse la reforma constitucional antes citada, el procedimiento para la investigación y proceso de los delitos previstos en las leyes referidas, sería similar a como actualmente acontece en las controversias civiles y criminales ya señaladas, con las salvedades y excepciones que expresamente se prevean en las leyes respectivas que resulten aplicables.

Conviene precisar los términos anteriores, específicamente en el aspecto de los delitos contra la salud de afectación concreta al bien jurídico tutelado. A efecto de disipar cualquier duda, los delitos incorporados en la Ley General de Salud son de carácter Federal; por tanto, las autoridades del Fuero Federal tienen competencia para conocer de los mismos, sin embargo, en razón de que el espíritu de la propuesta es que las autoridades del Fuero Común tengan plena intervención en el combate de estos delitos, se propone dotarlas de facultades para ello, a efecto de que tratándose de aquellos delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, la regla sea que las instancias de procuración e impartición de justicia locales conozcan de los procedimientos y, sólo en supuestos específicos, los órganos de justicia federales ejerzan directamente su atribución; es decir, en los casos en que el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento o le solicite al Ministerio Público del Fuero Común la remisión de la investigación, a efecto de continuar con la misma.

En síntesis, los delitos son originariamente de competencia federal. Por lo tanto, en caso de que el Ministerio Público de la Federación conozca directamente del asunto, estará legitimado para hacerlo, toda vez que la presente Iniciativa no tiene por objeto restringir o limitar la jurisdicción federal, y sí, por el contrarió, establecer una jurisdicción dual en la que concurran aquélla y las entidades federativas.

En consecuencia, cuando las autoridades locales realicen investigaciones en las que se adviertan otras modalidades de delitos contra la salud, diversas a las consideradas como narcomenudeo, declinarán la competencia como lo realizan actualmente.

Se estima que sin la colaboración y corresponsabilidad de justicia común en este tipo de ilícitos, la Administración de Justicia Federal sería insuficiente dada la magnitud del problema, y no actuar ahora redundaría en perjuicio de la población en general por las múltiples consecuencias que tiene esta clase de delitos; de ahí que debemos usar toda la fuerza del Estado Mexicano para contrarrestar dicho flagelo, tal es la razón en que se inspira esta reforma.

Aunado a lo anterior, actualmente dentro del marco de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establecen los acuerdos de colaboración entre las entidades federativas y la Federación en materias específicas del combate a la delincuencia, situación que se ha fortalecido en las sesiones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde el rubro "narcomenudeo" ha constituido uno de los temas más trascendentes, y que encuentra su antecedente procesal en el auxilio de las autoridades locales al Ministerio Público de la Federación que prevé el artículo 127 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que sin hacer distinciones de ninguna clase, prescribe que cuando el Ministerio Público de la Federación lo estime conveniente para el éxito de la investigación, podrá encomendar a la autoridad local que haya iniciado la averiguación previa, que la continúe bajo su dirección.

Apoya lo anterior, el hecho de que la colaboración entre las entidades federativas y la Federación se justifica porque los delitos contra la salud, especialmente los denominados de narcomenudeo, afectan directamente a la población, cuya salud y seguridad corresponde resguardar también a las entidades federativas, máxime que en estos ilícitos existe una víctima identificable, lo cual no es así en el caso del trasiego de estupefacientes y psicotrópicos, ilícitos que se realizan por todo el territorio nacional y mayoritariamente hacia mercados internacionales, situación ésta que por antonomasia corresponde combatir exclusivamente a la Federación.

De manera congruente con lo anterior, se hace patente la necesidad de adicionar un párrafo segundo al artículo 204, del Título Decimosegundo de la Ley General de Salud, que regula el control sanitario de productos, servicios, importación y exportación, donde se instruya expresamente a las autoridades o corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno para que coadyuven en la prevención y erradicación de las actividades de posesión, comercio o suministro de estupefacientes o sustancias psicotrópicas que corresponden originalmente a las autoridades sanitarias federales, en la inteligencia de que el auxilio sólo es cuando dichas actividades se realicen en lugares públicos, toda vez que se preserva en exclusiva para las autoridades responsables de la salubridad, las funciones de inspección y verificación de establecimientos.

La adición propuesta pretende establecer la corresponsabilidad de las autoridades de las entidades federativas en materia de salubridad general y especialmente del ámbito de la justicia común, a efecto de poder ampliar el frente de lucha contra las conductas que de manera directa envenenan a nuestro pueblo; ello sin menoscabo de la obligación de las autoridades federales de cumplir con sus atribuciones siempre que el delito menor se vincule o permita investigar ilícitos de mayor envergadura.

Ahora bien, en materia penal, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la fracción I, inciso J), dispone que son delitos del orden federal, "todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación".

Por su parte, en el Código Penal Federal se regula en el Capítulo I, del Título Séptimo, la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos.

Precisamente por su carácter federal, es necesario reincorporar a la Ley General de Salud algunos de los delitos o disposiciones previstas actualmente en el Código Penal Federal, a efecto de que la concurrencia expresa de la Ley General de Salud permita abrir el ámbito competencial federal a la colaboración integral y permanente de las autoridades locales de prevención del delito, procuración e impartición de justicia y ejecución de sanciones penales, a fin de combatir el flagelo con todo el aparato de seguridad pública y de justicia de las entidades federativas y de esa forma multiplicar de manera exponencial el aparato institucional abocado a preservar la salud de las mexicanas y mexicanos.

Consecuentemente, se propone establecer en la Ley General de Salud un capítulo específico para los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, que dé sustento y aplicabilidad a la disposición prevista en el párrafo anterior, el cual definirá expresamente en qué hipótesis los delitos contra la salud podrán ser competencia de las entidades federativas en auxilio de la Federación.

Viene bien señalar que en dicho capítulo se definen conductas como el comercio, suministro y posesión de narcóticos en dosis individualizadas, a fin de que la ley no de pié a interpretaciones diversas. Con la definición de los términos suministro, comercio y posesión se pretende prevenir y erradicar de mejor manera estas conductas, estableciéndose como modalidades de la secuela delictiva, sin soslayar que una hipótesis puede contener a la otra como antecedente fáctico, pero nunca con la misma conducta generar un concurso delictivo.

Amerita resaltar que con esta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Salud se pretende que los gobiernos de las entidades federativas cuenten dentro de su esfera de competencias con facultades para investigar y perseguir conductas delictivas específicas, tales como el comercio, suministro o posesión ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidades menores, por lo que se propone adicionar un artículo 479, para que las autoridades locales, especialmente las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas puedan combatir, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, el flagelo social que representa el Narcomenudeo.

En otro orden de ideas, se estima importante mencionar que en nuestra legislación se considera al adicto como un enfermo y no como un infractor o delincuente, situación de gran importancia, sobre todo en tratándose de menores de edad. Con base en ello, se estima que deben privilegiarse las acciones preventivas, así como el tratamiento para los farmacodependientes, y no la reclusión, que sólo aplica cuando cometan conductas delictivas diversas a la posesión de narcóticos para su inmediato y estricto consumo personal.

Por ello, resulta conveniente y de gran relevancia la adición de los artículos 474 y 476 al Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, donde se establecen excusas absolutorias a conductas, atendiendo en todo momento a la finalidad del agente respecto del destino del narcótico, con lo cual se puede afirmar que esta reforma no pretende incrementar la población del sistema carcelario ni perseguir a los sujetos que ocupan el último eslabón de la cadena del tráfico de narcóticos, y sí, en cambio, corresponsabilizar los tres órdenes de Gobierno en la prevención y erradicación eficaz de conductas tan dañinas como los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Aunado a lo anterior, se perfecciona la excusa absolutoria de posesión al establecer que se acreditará siempre que se demuestre que se trata de una cantidad para su inmediato consumo personal, ya que se constatado en la realidad que no es dable justificar la posesión excesiva de enervantes en los toxicómanos, pues cualquier persona adicta a los enervantes puede impunemente poseer cantidades de narcóticos mayores a su inmediata necesidad, so pretexto de ser toxicómano, mismas que generalmente comercializan o suministran a terceros.

Por ello, se considera que la cantidad de psicotrópicos o estupefacientes tolerada debe ser la estrictamente necesaria para su inmediato consumo personal, sin que pueda admitirse que posea, guarde o almacene narcóticos para un periodo más o menos largo, precisamente, por el latente peligro de desvío hacia terceros, lo cual afecta a la sociedad. Cabe apreciar que la conducta señalada se encuentra actualmente prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal; no obstante, dada la competencia directa que se pretende otorgar a las entidades federativas en la prevención, vigilancia y sanción en delitos de narcomenudeo, se considera indispensable que también estén facultadas para aplicar las excusas absolutorias como la citada, o bien la prevista en el párrafo tercero del artículo 195 del mismo Código Penal Federal.

Se propone la derogación del párrafo segundo del artículo 195 del Código Penal Federal que refiere a la posesión de narcóticos señalados por el artículo 193 del citado ordenamiento, para un primer consumo, en razón de que contraviene la política criminal del Estado Mexicano, y resulta incongruente en sí mismo, habida cuenta que al no ser farmacodependiente el portador, no existe razón jurídica ni ética para que el Estado le facilite el consumo de psicoactivos que pueden generarle adicción.

Esta propuesta, como anteriormente se señaló, se enmarca en el espíritu de colaboración que se ha venido impulsando a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con esta reforma habremos de contribuir a la construcción de una sociedad saludable, productiva y participativa.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones XXVII y XXVIII, del artículo 3; y se adicionan la fracción XXIX, al artículo 3, así como un apartado C, al artículo 13, un segundo párrafo: al artículo 204 y el Capítulo VII, al Título Décimo Octavo, con los artículos 473 a 479, todos de la Ley General de Salud, para quedar como, sigue:

"Artículo 3. ...

XXVII. La sanidad internacional;

XXVIII. La prevención de las adiciones a estupefacientes y sustancias psicotrópicas, evitando su posesión, comercio o suministro, y

XXIX. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4 Constitucional.

Artículo 13. ...

A. ...

B. ...

C. Corresponde al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas ejercer la materia de salubridad general establecida en la fracción XXVIII del artículo 3 de esta Ley, de conformidad con la presente Ley y los demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 204. ...

Las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno participarán en la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos cuando dichas actividades se realicen en lugares públicos, y actuarán conforme a sus atribuciones.

CAPÍTULO VII

DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO

Artículo 473. Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien:

I. Comercie o suministre narcóticos, que por la cantidad y presentación o forma de embalaje, se determine que es para su distribución en dosis individuales, o

II. Posea sin autorización, narcóticos que por la cantidad y presentación o forma de embalaje, se determine que no están destinados para su estricto e inmediato consumo personal, sino para su distribución en dosis individuales.

Para los efectos de este Título, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes; psicotrópicos y demás sustancias previstas en los artículos 237 y 245, fracciones I, II y III, de esta Ley.

Artículo 474. No se procederá por la simple posesión de medicamentos que contengan sustancias clasificadas como narcóticos, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

Artículo 475. Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artículo 473 de esta Ley serán aumentadas en una mitad, cuando:

I. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos de narcomenudeo. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, hasta por cinco años, o destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta;

II. La víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizado para la comisión de los mismos.

III. Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o es sus inmediaciones con quienes a ellos acudan, o

IV. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión de derechos o funciones para el ejercicio profesional u otro oficio hasta por cinco años.

Artículo 476. Al farmacodependiente que posea para su inmediato y estricto consumo personal algún narcótico, no se le aplicará pena alguna. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.

Todo sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento.

Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.

Artículo 477. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de que el propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza lo empleare para realizar cualquiera de las conductas previstas en el artículo 473 o que permitiere su realización por terceros, informará a la autoridad administrativa competente para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice la clausura del establecimiento.

Artículo 478. Para los efectos, de este Capítulo se entenderá por:

I. Narcóticos:- Los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los Convenios y Tratados Internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia;

II. Comercio: La compraventa de narcóticos catalogados como tales en la presente ley;

III. Suministro; La transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos en dosis individualizadas, y

IV. Posesión: La tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona.

Artículo 479. En términos del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerán de los delitos a que se refiere este Capítulo, las autoridades de procuración e impartición de justicia y de ejecución de sanciones penales de las entidades federativas, salvo aquellos en que prevenga en el conocimiento el Ministerio Público de la Federación o le solicite al Ministerio Público del Fuero Común la remisión de la investigación. Para estos efectos, el Ministerio Público del Fuero Común informará dentro de las veinticuatro horas siguientes al inicio de la investigación al Ministerio Público de la Federación".

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 195 y el párrafo primero del artículo 199, recorriéndose los actuales párrafos segundo y tercero para quedar como párrafos primero y segundo, respectivamente, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194.

Artículo 199. Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento.

Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero si se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Reitero a Usted C. Senador, la seguridad de mi consideración más distinguida.

Residencia Oficial del Poder Ejecutivo Federal, Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil tres.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VICENTE FOX QUESADA (rúbrica)


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