Loading
Buscar en Drogas México

   

Mexico Seguro :: Drogas México
autor

Miguel Ángel Granados Chapa

Vetar y no vetar [columna Plaza Pública]
Mexico Seguro
Donaciones, no impuestos


Sí, hay una violenta disputa por las rutas y los territorios del narcotráfico, que incluye asesinar a miembros de las bandas y a...Tal vez se trata de una simplificación del diagnóstico, y no del diagnóstico mismo, que suponemos formulado antes de lanzar la operación México Seguro. Pero la percepción expresada por el presidente Fox sobre la violencia...
JUN
19
2 0 0 5

0 comentarios


Mexico Seguro

Miguel Ángel Granados Chapa

19 de junio de 2005 (20/06/05)
Reforma Sí, hay una violenta disputa por las rutas y los territorios del narcotráfico, que incluye asesinar a miembros de las bandas y a agentes policiacos que los protegen y encubren. Pero hay también una embestida contra miembros de la autoridad que hacen su trabajo. Cuando se anunció el sábado 11 la operación México Seguro fue imposible no recordar al presidente Zedillo lanzando en el verano de 1998 la Cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia, de resultados tan notorios que hoy nuestro país necesita acciones que de verdad combatan a esos flagelos. México Seguro nació de un nuevo reclamo del embajador Antonio O. Garza, recibido esta vez con menos ardor nacionalista. El embajador difundió una carta en que sostuvo que la situación en la frontera estaba empeorando rápidamente



Tal vez se trata de una simplificación del diagnóstico, y no del diagnóstico mismo, que suponemos formulado antes de lanzar la operación México Seguro. Pero la percepción expresada por el presidente Fox sobre la violencia criminal fronteriza es al menos parcialmente equivocada. No es sólo que los narcotraficantes estén matándose entre sí. Admitirlo sería aventurar que los jefe policiacos ultimados en los días recientes estaban coludidos con la delincuencia organizada. Y sugerirlo así no sólo es ofensivo para los deudos de las víctimas que cayeron asesinados por cumplir su deber o como parte del desafío a la autoridad, sino que puede conducir por la ruta equivocada las acciones de aquella estrategia más vistosa que efectiva hasta ahora.

 

 

Sí, hay una violenta disputa por las rutas y los territorios del narcotráfico, que incluye asesinar a miembros de las bandas y a agentes policiacos que los protegen y encubren. Pero hay también una embestida contra miembros de la autoridad que hacen su trabajo. Y hay asimismo una violencia difusa, generada por causas varias, pero hecha posible por el vasto e incontrolado arsenal que el tráfico de armas ha puesto en manos de toda persona capaz de comprar esos instrumentos de muerte, ya sea con la peregrina idea de la autodefensa, ya con el propósito de usarlos para delinquir.

 

Asistimos hoy a un recrudecimiento de la inseguridad, que el Estado mexicano enfrenta con el mismo lenguaje y las estrategias que han fracasado antes. Cuando se anunció el sábado 11 la operación México Seguro fue imposible no recordar al presidente Zedillo lanzando en el verano de 1998 la Cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia, de resultados tan notorios que hoy nuestro país necesita acciones que de verdad combatan a esos flagelos.

 

México Seguro nació de un nuevo reclamo del embajador Antonio O. Garza, recibido esta vez con menos ardor nacionalista. El 8 de junio fue asesinado en Nuevo Laredo un peculiar jefe policiaco. Alejandro Domínguez Coello había accedido a dejar su negocio propio, y la presidencia de la Cámara de comercio local para encargarse de la dirección de seguridad municipal, acéfala desde un mes atrás. Siete horas después de su designación lo acribillaron matones que aún no han sido identificados. Al día siguiente el embajador Garza difundió una carta, sin duda relacionada con ese hecho, en que sostuvo que la situación en la frontera estaba empeorando rápidamente "al grado que la ley se ve rebasada en algunas partes".

 

Al contrario de lo que una carta semejante había provocado meses atrás, esta vez la advertencia del embajador norteamericano fue escuchada. Esa misma noche la cancillería y la PGR emitieron un comunicado en que reconocían la gravedad de los hechos en la frontera, y 48 horas después la Presidencia anunció la Operación México Seguro. Se trata del despliegue de fuerzas federales (el Ejército, la PFP y la AFI) en ocho ciudades de tres estados: Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas; Tijuana y Mexicali, en Baja California; y Culiacán, Navolato y Mazatlán en Sinaloa. Había sido también eficaz para conseguir una reacción gubernamental la exigencia que el viernes 10 manifestaron a Fox los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, en una reunión convocada ex profeso sobre el tema.

 

Desde la noche misma del sábado 11 de junio se dibujó el destino de esa operación en Nuevo Laredo. Un destacamento de la policía municipal, la misma que había perdido a su jefe el miércoles anterior, atacó a balazos a un convoy de miembros de la AFI que llegaban a investigar aquel asesinato. El lunes siguiente la corporación municipal fue borrada del mapa: se detuvo a 41 gendarmes, acusados del tiroteo sabatino y se les trasladó a la ciudad de México, donde permanecen bajo arraigo. El resto de la policía, unos 700 agentes, quedaron acuartelados, y no realizan ya sus funciones cotidianas.

 

El aparatoso despliegue de la policía federal y del Ejército no disuadió del todo la actuación de los delincuentes. Dos personas fueron ejecutadas el martes 14, una de ellas a unos metros de distancia de la sede policiaca. (Ese mismo día, en Reynosa, las ejecuciones produjeron dos nuevas víctimas.) Pero fue peor, y más extraño, lo ocurrido el viernes siguiente, anteayer. Al mediodía se reunió ante la presidencia municipal una abigarrada muchedumbre. Unos eran parientes de los policías arraigados en la ciudad de México, que demandaban respeto a sus derechos. Otros eran ciudadanos quejosos, que demandaban el restablecimiento de la policía municipal. Algunos denunciaban que por su ausencia habían sido objeto de robos y otros delitos. No faltaron los aldeanistas que reprochaban la presencia de los vigilantes chilangos, y reclamaban a los suyos, tamaulipecos. Los más de ellos habían sido pagados para asistir a un mitin cuyo sentido ignoraban. Quizá lo organizaron narcomenudistas que han visto estorbado su comercio (creció la demanda de asistencia médica de adictos que no encuentran como siempre droga en las calles).

 

Cuando la manifestación estaba por dispersarse (después de que el alcalde había recibido a los parientes de los agentes llevados a la capital federal), fue asesinado un lavador de coches de 20 años de edad, Filiberto Peña, que había acudido al mitin con su hijo de tres años y su propia madre, de 42. Los asesinos, vistos por mucha gente porque el ataque ocurrió en el estacionamiento de la presidencia municipal, huyeron sin que nadie los molestara, ni la supervigilancia federal pudiera reaccionar a tiempo de detenerlos.

 

No es la primera vez que en Nuevo Laredo se tensan las relaciones entre agentes municipales y federales, sean éstos policiacos o militares. El 28 de marzo de 2003, miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) la unidad militar de elite que ahora patrulla aquella ciudad fronteriza y que ya ha cumplido misiones en esa región, allanaron el local de una empresa de grúas y robaron la camioneta de un agente aduanal, una caja de whisky y tres rifles de colección. Dirigidos por el general Pedro Felipe Urbiola Martínez, vestidos de civil, armados hasta con un lanzagranadas, los miembros del GAFE fueron sorprendidos por gendarmes municipales que les marcaron el alto. Seis de ellos fueron golpeados por los militares, a los que nadie nunca pidió cuentas por esos hechos.

 

En julio de aquel año fueron asesinados un comandante de la AFI, Adolfo Ruiz Ibarra, junto con su hermano y, en hechos diferentes, cinco miembros de la policía municipal, de manera semejante a como fueron ultimados, en febrero anterior, dos miembros más de esa corporación. En la redada de esta semana se halló que 12 agentes, de los arraigados en el Distrito Federal, tienen antecedentes penales. El sistema de comunicación policiaco es interferido por la delincuencia. A través de esa radio los destinatarios de la acción federal acusaron recibo del intento, como en abril anterior habían utilizado ese medio para amenazar a Guadalupe García, la periodista que fue baleada a las puertas de la radiodifusora donde trabajaba, como resultado de lo cual murió poco después. Frente a esos hechos se acude a recursos manidos, como designar funcionarios que ya dieron muestra de su ineficacia: es secretario de seguridad pública en Tamaulipas el general Luis Roberto González Gutiérrez, que dirigió la policía judicial en el DF.

 

La presencia de la AFI en las operaciones fronterizas no asegura buenos resultados. Ya un miembro de esa agencia fue detenido el miércoles pasado acusado de secuestro, que practicó en sus ratos libres, pues está comisionado en la averiguación del asesinato del jefe Domínguez Coello, ultimado una semana atrás. Y es que esa corporación debe ser objeto de una evaluación y una fiscalización extrema, por la frecuencia con que integrantes suyos se ven envueltos en hechos delictuosos.

 

El mismo sábado 11 en que 26 de sus miembros llegaban a Nuevo Laredo, en una céntrica zona comercial de la ciudad de México dos agentes de la AFI fueron muertos a balazos, lo mismo que una tercera persona, de la que después se supo que era un madrina, como se llama a los ayudantes extraoficiales de los agentes, que dan la cara por éstos cuando delinquen. Parecía un asalto común, a primera vista. Pero después se aclaró que las víctimas cayeron en una disputa por droga. Se aclaró también que el homicida era otro miembro de la AFI que fue detenido por sus propios compañeros y tardíamente presentado al ministerio público. El lunes siguiente, cuando declaraba y admitía su participación en aquel triple crimen, se suicidó con su propia pistola, que inexplicablemente se hallaba, cargada, en el escritorio ante el cual se le interrogaba. Si lo mataron para silenciarlo, es imposible saberlo: el suicidio es la versión oficial de la AFI, que se presentó como un coto cerrado a cualquier pesquisa.

 

Un miembro más de la AFI había sido asesinado, en Chihuahua, el 8 de junio. Estaba de servicio en el aeropuerto internacional de la ciudad de México pero tomó vacaciones, en que regresó a su estado natal. El domingo 5 fue herido a balazos en una calle de la capital chihuahuense, y él mismo se hizo atender en una clínica privada. En la madrugada del miércoles siguiente recibió primero la visita de dos personas, agentes de la policía ministerial del estado, y luego la de un comando armado que penetró hasta su habitación en la clínica y asesinó a los tres.

 

Con razón un funcionario de la DEA había dudado ante el Congreso norteamericano, en una comparecencia oficial, de la eficacia del combate mexicano contra la delincuencia, a causa de la corrupción. Aunque el canciller Luis Ernesto Derbez lo desdeñó y el secretario de Seguridad Pública Ramón Martín Huerta pretendió devolver la acusación aplicándola a la propia agencia norteamericana contra las drogas, lo cierto es que Anthony Placido, jefe de inteligencia de esa oficina, dio en la diana cuando dijo a un comité de la Cámara de Representantes que "el principal y mayor impedimento que impacta seriamente sobre el problema del narcotráfico en México es la corrupción. En la actualidad, las autoridades mexicanas son, a menudo, más parte del problema que de la solución. Eso es particularmente real en los niveles municipal y estatal".

 

Cuando ocurre al contrario, el narcotráfico, o la delincuencia organizada, lanzan contra quienes los combaten el plomo que produzca el efecto que la plata no ha podido conseguir. El jueves pasado fue asesinado a las puertas de su casa el subinspector Pedro Madrigal, un joven miembro de la Policía Federal Preventiva, a la que ingresó en octubre de 1999. Había estado en comisión en Tijuana hasta noviembre pasado, cuando se le trasladó a la capital y se le confió la coordinación de la PFP en el aeropuerto internacional. En los meses siguientes, el desempeño de la Federal Preventiva mejoró sustantivamente. Por dar sólo un ejemplo, el primero de junio fueron decomisados casi 300 kilos de cocaína escondidos en cajas de artículos para invernaderos, procedentes de Colombia. Así ocurrió con otros cargamentos. También fue notorio el desempeño de Madrigal en el control de indocumentados y de quienes traficaban con ellos. Es de suponerse que esa eficacia fue la causa de su muerte, ocurrida cuando apenas tenía 39 años de edad.

 

Mientras todo eso ocurre, la subprocuraduría de investigaciones sobre la delincuencia organizada va de tumbo en tumbo en su afán por cercar a Joaquín Guzmán Loera, El chapo, fugado de un penal de alta seguridad hace más de 50 meses. La estrategia actual consiste en presionar a su familia para que él se entregue. Ya uno de sus hermanos, Arturo, había caído preso, pero como fue asesinado el último día del año pasado en La Palma, fue preciso renovar el asedio por otras vías. El 13 de febrero fue detenido Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de El chapo, contra quien la Siedo ha sido incapaz de organizar una acusación vigorosa, que permita que se le procese. Después de formular cargos que no resistieron el examen judicial, y después de que estuvo preso en un reclusorio capitalino y en La Palma, El chapito se encuentra por segunda vez en el Centro Nacional de Arraigo, la cárcel operada por la PGR.

 

Es probable que a más tardar mañana se le una allí su tío Miguel Ángel, detenido en Culiacán el miércoles pasado. Además de Iván Archibaldo, fueron detenidos sus primos maternos Claudia, Leobardo y Crescencio Elenes Salazar y la lista creció con la captura de El mudo, como se apoda al cuarto hijo de María Consuelo Loera Pérez. Tranquilamente, aunque no portaban orden judicial ninguna ni él cometía en ese momento un delito —se hallaba en un restaurante de comida china, que frecuenta, celebrado en familia los quince años de una de sus hijas—, miembros del Ejército lo aprehendieron y lo trasladaron a un recinto militar, de donde se le trasladó a los separos de la Siedo.

 

Quizá debido a la irregularidad de su detención (el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales no tiene capacidades legales para hacerlo), Miguel Ángel Guzmán Loera obtuvo suspensión provisional en un juicio de amparo para que el ministerio público lo tenga a su disposición sólo el plazo legal, que termina esta noche de domingo. Veremos qué hace la Siedo en este nuevo frente.

 




estás viendo:
Mexico Seguro
volver arriba
Narcotráfico


comentarios
Entrar para agregar comentario:
entrar


DrogasMexico.org es un proyecto de Convivencia y Espacio Público AC y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas AC.
Agradecemos el apoyo de Open Society Foundation, Angelica Foundation y Tides Foundation