Loading
Buscar en Drogas México

   

Política y delito :: Drogas México

Política

Jorge Castañeda reconoce el fracaso de la actual Guerra contra las Drogas
Política y delito
La insurgencia como escape a la desesperación


Gobernabilidad y narcopoder El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas tuvo esa clase de virtud que de vez en cuando acarrean las desgracias. En primer lugar, puso de manifiesto las temibles conexiones entre una serie de hechos de violencia que en general pasaron inadvertidas para el ciudadano medio. En segundo término, fue el detonante de una operación...
JUL
1
1 9 9 3

0 comentarios


Política y delito

Antonio Camou

Jueves 1 de julio de 1993 (04/11/04)
Nexos Gobernabilidad y narcopoder



El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas tuvo esa clase de virtud que de vez en cuando acarrean las desgracias. En primer lugar, puso de manifiesto las temibles conexiones entre una serie de hechos de violencia que en general pasaron inadvertidas para el ciudadano medio. En segundo término, fue el detonante de una operación discursiva y política que permitió ubicar a los "narcos" como enemigos públicos, como antagonistas jurados de la sociedad mexicana. Finalmente, trajo al primer plano de la consideración ciudadana algo siempre sabido y otras tantas veces callado, las opacas vinculaciones entre el poder del crimen organizado y el poder de las instituciones estatales. Tras la balacera del 24 de mayo quedó flotando en el ánimo de la gente el fantasma de la inseguridad pública, pero también el aguijón quemante de un par de preguntas sin respuesta: ¿quién vigila a los que nos vigilan?, ¿quién gobierna a los que gobiernan?

Ciertamente, las múltiples dimensiones del problema de las drogas obliga a separar las aguas con celoso cuidado. Por de pronto, es preciso distinguir la cuestión del consumo del sinuoso derrotero de violencia y corrupción asociado al narcotráfico. De lo contrario, corremos el riesgo de meter en el mismo saco al adicto y al criminal, borrando la sensible diferencia que separa, en cualquier sociedad civilizada, el espacio de la libertad individual de los asuntos de la seguridad pública. Que a raíz de la muerte accidental del arzobispo de Guadalajara estas densas cuestiones hayan pasado a un primer plano, engrosando la ya abultada agenda de problemas pendientes entre la sociedad civil y el Estado, es un asunto sobre el que vale la pena detenerse.

En principio, el crimen múltiple acaecido en la capital de Jalisco permitió hilvanar, en la consideración de la gente, una cruenta sucesión de hechos que vagaban dispersos entre los pliegues vertiginosos de las informaciones periodísticas. Perdidos en las páginas de los diarios o expuestos en los espasmódicos flashes de los noticiarios televisivos, tendieron a pasar sin advertencia los oscuros eslabones de una cadena de asesinatos ligados al narcotráfico. Sin ir muy atrás, desde enero a mayo del presente año se han contabilizado en el territorio de la federación más de 30 episodios violentos que han dejado un saldo parcial de 110 victimas mortales (Edgar González Ruiz, Sup. "Política" de El Nacional, 31/5/93). Siguiendo la lógica feroz del "ajuste de cuentas" o producto del enfrentamiento entre bandas rivales, esta incompleta y dispersa geografía del terror ha comenzado a tomar cuerpo ante la conciencia ciudadana. La presencia de los "narcos", otrora lejana y fantasmal, se ha introducido abruptamente en el diálogo cotidiano y en la consideración de la opinión pública.

Va de suyo que esta renovada visibilidad pública del narcotráfico no puede desligarse de la más reciente estrategia gubernamental para combatirlo. Desde el ingreso de Jorge Carpizo en la PGR (4/1/93) comenzaron a desatarse una serie de hilos tenebrosos, que desde fuera y desde dentro del aparato estatal, amenazaban con asfixiar la discutida eficacia de una lucha contra las sombras. En ese trance, el asesinato del arzobispo obligó al presidente Salinas a anunciar una "nueva cruzada" contra el narcotráfico (2/6/93) cuyos resultados concretos, la separación de algunos funcionarios cómplices o la captura de reconocidos cabecillas, importan tanto como el lugar que ha comenzado a ocupar el "narcopoder" ante la mirada de los mexicanos. En tal sentido, una reiterada y machacona propaganda oficial, sumada a las informaciones que por propia mano generaban los medios, permitió convertir en un par de semanas al hasta hace poco tiempo desconocido "agricultor" (sic) Joaquín Guzmán Loera en un enemigo público de perfiles nítidos. En cuestión de pocos días el Chapo, el Güero y sus secuaces habían entrado en cada casa a través de las pantallas de TV, y sus multiplicadas imágenes nos asaltaban en las estaciones del Metro o nos sostenían la mirada desde las paredes de los ministerios públicos.

Pero si el aluvión "informativo" permitió alinear el sentir ciudadano frente a estos enemigos de nuevo tipo, también puso en el tapete viejos adeudos en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Un censo heterogéneo anuda las facetas más recónditas del accionar de las agencias de seguridad del Estado con la incredulidad manifiesta ante las informaciones oficiales, el desasosiego de la inseguridad pública con una reconsiderada evaluación del problema de la gobernabilidad.

Según es fama, las exigencias de una gobernabilidad democrática nos obligan a transitar un mismo camino en dos direcciones de difícil (pero necesaria) complementariedad: la que va del gobierno a la sociedad y la que vuelve de la gente hacia el gobierno. Pensar que de un lado está la eficacia y del otro la legitimidad es cortar el problema por su flanco más simplista. El balance entre eficacia gubernamental y contralor ciudadano comporta una ecuación de resolución compleja pero de actualidad perentoria.

No es difícil convencer a nadie de que el gobierno necesita herramientas eficaces para combatir el delito, pero ¿qué pasa cuando el delito se gesta en algunas oficinas destinadas a combatirlo? Es sabiduría de pueblo advertir que con ciertos policías no necesitamos delincuentes, pero ¿qué mecanismos institucionales es preciso desarrollar para vigilar eficazmente a nuestros vigilantes? Si bien el entuerto preocupa hoy a todas las sociedades, el caso mexicano le agrega una nota perturbadora: un aparato de Estado construido sobre el silencio y la lealtad secreta, cerrado al juicio público y en muchos casos impermeable al contralor ciudadano, ¿qué posibilidades tiene de autocorregirse?

Las historias de las vinculaciones entre el poder "público" y los poderes ocultos, los arcana imperii que tanto han preocupado a Norberto Bobbio, son tan viejas como la política misma. Pero conformarse con el mal de muchos es el consuelo resignado de los tontos. Hace ya muchos años Gilbert K. Chesterton imaginó a la cúpula de la policía londinense, enfrascada en la lucha contra los anarquistas, ganada por los mismos anarquistas. Cambiando algunas circunstancias y dos o tres nombres propios, algunas realidades de América Latina se empeñan en imitar la vieja fábula del policía que se vuelve ladrón, y en reiterar la triste historia del ciudadano que se vuelve víctima.




estás viendo:
Política y delito
volver arriba

Narcotráfico Guerra antidrogas Política Prohibición


comentarios
Entrar para agregar comentario:
entrar


DrogasMexico.org es un proyecto de Convivencia y Espacio Público AC y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas AC.
Agradecemos el apoyo de Open Society Foundation, Angelica Foundation y Tides Foundation