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La iniciativa contra el narcomenudeo, un atentado contra las libertades civiles :: Drogas México

Narcomenudeo
La Ley contra el Narcomenudeo por primera vez distingue entre consumidores, narcomenudistas y narcotraficantes, y atribuye a instancias locales el conocimiento de casos de narcomenudeo

Urgen a enfrentar narco
La iniciativa contra el narcomenudeo, un atentado contra las libertade
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas d


Versión original de la ponencia presentada en el Primer Foro Nacional de Consulta en Materia de Seguridad y Justicia, celebrado en la ciudad...Antecedentes    El 17 de noviembre de 2003 El Sol de México dio a conocer las intenciones del gobierno de Vicente Fox para atacar el problema del narcomenudeo....
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La iniciativa contra el narcomenudeo, un atentado contra las libertades civiles

Erich Moncada

Viernes 1 de octubre de 2004 (05/11/04)
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Versión original de la ponencia presentada en el Primer Foro Nacional de Consulta en Materia de Seguridad y Justicia, celebrado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, los días 23 y 24 de septiembre de 2003 en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.



Antecedentes

 

 

 

 

El 17 de noviembre de 2003 El Sol de México dio a conocer las intenciones del gobierno de Vicente Fox para atacar el problema del narcomenudeo. En una entrevista con el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, el periodista Ignacio Alzaga reportó que la PGR había cabildeado con los procuradores de justicia de los estados, la promoción de un proyecto que considerara crímenes graves la posesión, la portación y el consumo de drogas para uso personal. El funcionario de la dependencia comentó que el documento fue redactado en las reuniones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y que era una respuesta para evitar que los vendedores de drogas al pormenor no se escuden en algunos beneficios que otorga a los toxicómanos el Código Penal Federal, para no pisar la cárcel.

 

 

 

El Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, fue presentado el 30 de diciembre de 2003 ante la Comisión Permanente y turnada el 7 de enero de 2004 a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; de Justicia; y de Estudios Legislativos. El ejecutivo presentó dos iniciativas: una para adicionar un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, y otra para reformar, adicionar y derogar varios apartados de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

 

 

 

La propuesta foxista, en su exposición de motivos, radicaliza el discurso y la postura del gobierno federal para resolver el “fenómeno de la posesión, distribución y comercio de drogas prohibidas.” Mantiene intacto el legado de los últimos tres sexenios al considerar al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional y bajo este pretexto legitima la presencia activa del ejército en los organismos civiles de seguridad. Define al narcomenudeo como “la posesión, el comercio o suministro de estupefacientes o psicotrópicos, cuando por la cantidad y presentación o forma de embalaje, se determine que es para su distribución en dosis individuales.”

 

 

 

El primer decreto, aprobado por unanimidad el 4 de agosto de 2004, justo a unos días de la marcha ciudadana del 27 de junio, le agregó un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, para establecer los casos en que las autoridades locales puedan conocer sobre delitos federales. Según la dudosa fundamentación de los senadores Sara Isabel Castellanos (PVEM) y Jorge Zermeño Infante (PAN), la ley autoriza a los ayuntamientos a perseguir el narcomenudeo.

 

 

 

El segundo decreto presentado, a discutirse en el segundo periodo de sesiones del Congreso tiene como objeto la modificación del artículo tercero de la Ley General de Salud, que fija las materias de salubridad general. El ejecutivo pretende pasar la actual fracción XXVIII a la fracción XXIX para introducir en su lugar la siguiente disposición:

 

 

 

“Artículo 3º…

 

XXVIII. La prevención de adicciones a estupefacientes y sustancias psicotrópicas evitando su posesión, comercio o suministro, y

 

 

 

El Ejecutivo también desea reformar el artículo 13, apartados A y B de esta ley, sobre la distribución de competencias de la Federación y las entidades federativas, para añadir un apartado C, que según la exposición de motivos tiene el objetivo de “…facultar a los Gobiernos tanto Federal como de las entidades federativas para prevenir el comercio, posesión o suministro de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” La redacción final quedaría así:

 

 

 

“Artículo 13. ...

 

C. Corresponde al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas ejercer la materia de salubridad general establecida en la fracción XXVIII del artículo 3 de esta Ley, de conformidad con la presente Ley y los demás ordenamientos legales aplicables.”

 

 

 

Aunque en el documento se asegura no ignorar la fracción XXI de ese artículo que establece es materia de salubridad general el programa contra la farmacodependencia, el nuevo apartado permitirá que se incluya el artículo 204, que podría dar lugar a graves violaciones de las garantías individuales de los ciudadanos y en especial, de los consumidores de drogas. Detrás de su redacción yace la verdadera motivación represiva al conferirle a la Ley General de Salud medidas punitivas similares a las del Código Penal Federal.

 

 

 

“Artículo 204. …

 

“Las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno participarán en la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos cuando dichas actividades se realicen en lugares públicos [el énfasis es nuestro], y actuarán conforme a sus atribuciones.”

 

 

 

Esta adición facultaría a los organismos de seguridad de los tres niveles de gobierno a coordinarse para efectuar detenciones y revisiones arbitrarias a todos los ciudadanos con el sólo hecho de encontrarse en un área pública. Dicha disposición es violatoria de varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: del artículo primero por la discriminación social de la autoridad al momento de hacer las detenciones, pues serán dirigidas a grupos sociales vulnerables, como las prostitutas, los habitantes de colonias marginadas, los homosexuales, los indigentes, los cholos, o a los adictos a drogas, ya que no será posible detener y revisar a cada uno de los ciudadanos del país; del artículo cuarto párrafo tercero, que se refiere al derecho a la protección a la salud de los ciudadanos, ya que en vez de ser tratados como enfermos, tanto adictos como no adictos serán considerados criminales; del artículo once que consagra la libertad de tránsito, garantía vulnerada por los retenes dentro de las ciudades que han prosperado a raíz de la marcha ciudadana del 27 de junio con escasos resultados; de los artículos catorce y dieciséis referentes a la garantía de legalidad por la falta de un mandamiento escrito específico que funde y motive la detención y revisión del ciudadano; y en especial del artículo 21, que ordena que la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, ya que la autoridad administrativa, como es el caso de la Secretaría de Salud, solamente puede aplicar sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, consistentes en multa o arresto hasta por treinta y seis horas.

 

 

 

Además, se prevé la anexión de un Capítulo Séptimo a la LGDS, que comentaremos detenidamente:

 

 

 

CAPITULO VII

 

DELITOS CONTRA LA SALUD

 

Artículo 473. Se impondrá prisión de uno a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quién:

 

I. Comercie o suministre narcóticos, que por la cantidad y presentación o forma de embalaje, se determine que es para su distribución en dosis individuales, o

 

II. Posea sin autorización, narcóticos que por la cantidad y presentación o forma de embalaje, se determine que no están destinados para su estricto y e inmediato consumo personal, sino para su distribución en dosis individuales.

 

Para los efectos de este Título, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstas en los artículos 237 y 245, fracciones I, II, y III, de esta Ley.”

 

 

 

La primera fracción aunque acertada para atacar a quienes lucran y distribuyen drogas, no determina la cantidad máxima permitida o qué tipo de envoltorio deberá considerarse para comprobar si se trata de venta ilegal o portación personal.

 

 

 

La segunda fracción establece la hipótesis donde un individuo posee “sin autorización” (la lógica nos obliga a preguntarnos, ¿habrá quienes estén autorizados?) fármacos que por su “cantidad” y “empaque” (de nuevo, términos que no se definen con precisión) se presumen son para la venta en dosis individuales. Y este es el texto que nos preocupa se apruebe, pues consideraría narcomenudeo la simple posesión de drogas.

 

 

 

Artículo 474. No se procederá por la simple posesión de medicamentos que contengan sustancias clasificadas como narcóticos, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

 

 

 

Este artículo se inspira y es una réplica exacta del artículo 195, párrafo tercero del Código Penal Federal —a ser derogado de aprobarse la legislación— diseñado para aquellos consumidores legítimos de sustancias psicotrópicas o de estupefacientes controlados por medio de recetas medicas. No se especifica si la excepción al castigo se produce cuando el individuo presenta la receta medica que acredita la posesión, o sólo por “la naturaleza y cantidad” de las sustancias, conceptos también vagos y sin definición en la reforma, sujetos a una interpretación discrecional por parte de la autoridad. Además, es confuso el requisito de “necesidad” para el tratamiento del portador o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien tiene los medicamentos en su poder. Sin embargo, este artículo se diseñó para minimizar el impacto de las sanciones en los consumidores médicos de estupefacientes y psicotrópicos.

 

 

 

No obstante, el Ejecutivo otorga al adicto un raquítico derecho:

 

 

 

Artículo 475. … (Agravantes)

Artículo 476. Al farmacodependiente que posea para su inmediato y estricto consumo personal algún narcótico, no se le aplicará pena alguna. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.

 

Todo sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento. (…)

 

 

 

Este artículo (476) es una trascripción directa del artículo 199 del Código Penal Federal, que establece una causal para no consignar a los adictos de drogas y busca reemplazarlo junto con el 199, que en su párrafo segundo protege a quien no siendo farmacodependiente, tenga en su posesión narcóticos por una sola vez y en tal cantidad que pueda presumirse están destinados a su consumo personal.

 

 

 

Es preocupante la visión estricta del decreto de reforma, ya que elimina varios supuestos que benefician al último eslabón de la cadena del narcotráfico; el más afectado por las medidas judiciales del gobierno federal. El artículo 476 establece una sola hipótesis absolutoria para los farmacodependientes y deja en estado de indefensión a las personas que no se declaran adictas pero que serán detenidas por tener en su poder alguno de los narcóticos prohibidos. El Ejecutivo explica que esta nueva excusa absolutoria:

 

 

 

“…se acreditará siempre que se demuestre que se trata de una cantidad para su inmediato consumo personal, ya que constatado en la realidad que no es dable justificar la posesión excesiva de enervantes en los toxicómanos, pues cualquier persona adicta a los enervantes puede impunemente poseer cantidades de narcóticos mayores a su inmediata necesidad, so pretexto de ser toxicómano, mismas que generalmente comercializan o suministran a terceros.”

 

 

 

(…)

 

 

 

“…la conducta señalada [del no castigo] se encuentra actualmente prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal; no obstante, dada la competencia directa que se pretende otorgar a las entidades federativas en la prevención, vigilancia y sanción en delitos de narcomenudeo, se considera indispensable que también estén facultadas para aplicar las excusas absolutorias como la citada, o bien la prevista en el párrafo tercero del artículo 195 del mismo Código Penal Federal.”

 

 

 

Un inconveniente de la declaración anterior reside en que ni los ayuntamientos ni el gobierno estatal no contemplan en sus ordenamientos la causal de excepción aludida por el presidente Fox. Y aún peor, la sugerencia de utilizar la excusa prevista en el párrafo tercero del artículo 195, es una contradicción puesto que será eliminada del Código Penal para ser incorporada a la Ley General de Salud, lo que implica para el consignado un alto porcentaje de posibilidades de no poder obtener su libertad, al ser considerado como delito grave.

 

 

 

Y sobre el permitir la posesión de drogas a un no-adicto, Fox advierte que:

 

 

 

“…contraviene la política criminal del Estado Mexicano, y resulta incongruente en sí mismo, habida cuenta que al no ser farmacodependiente el portador, no existe razón jurídica ni ética para que el Estado le facilite el consumo de psicoactivos que pueden generarle adicción.”

 

 

 

Los últimos tres artículos tratan sobre las sanciones a dueños de establecimientos que permitan la venta al pormenor de drogas (477), las definiciones de “narcóticos”, “comercio”, “suministro” y “posesión” (478), y la coordinación entre los gobiernos (479).

 

 

 

Conclusiones

 

 

 

La reforma foxista se propone distribuir la responsabilidad del combate al narcotráfico entre los tres niveles de gobierno al declarar que:

 

 

 

“El objetivo de la reforma es que las instancias de procuración e impartición de justicia y las de ejecución de sanciones penales locales [el énfasis es nuestro], sean quienes conozcan de los procedimientos y, sólo en casos específicos, los órganos de justicia federal ejerzan directamente su atribución en materia de narcomenudeo.”

 

 

 

Es decir, la federación optará por atacar el fenómeno con un enfoque policial y no de salud pública, al atraer los casos de su competencia, como el tráfico a gran escala o el narcomenudeo y delegará a los estados y a los municipios aquellos que no considere son de su competencia.

 

 

 

Por último, queda demostrada la imposibilidad de aplicar la excusa absolutoria del artículo 195 por la derogación de los párrafos segundo y tercero, así como del párrafo primero del 199, de tal forma que los recorrerá para quedar como sigue:

 

 

 

Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194.

 

 

 

Artículo 199. Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento.

 

 

 

Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero si se exigirá en todo el caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutoria.

 

 

 

Ante la complejidad y gravedad de un problema que exige una toma cuidadosa de decisiones, la política gubernamental exige a los órganos de procuración de justicia estrechar sus criterio y privilegiar las consignaciones sobre la rehabilitación y la persecución de los grandes traficantes. Considera a los ciudadanos como posibles sospechosos y a la totalidad de los adictos los trata como criminales en potencia, en lugar de establecer las cantidades máximas que puede poseer el agente sin violar la ley y sin poner en riesgo su libertad. Esta medida sólo logrará aumentar la población carcelaria y forzará a que los grandes cárteles busquen refinar sus métodos de venta, en perjuicio del adicto, que se verá forzado a obtener más dinero, llevándolo a delinquir con mayor frecuencia ante el encarecimiento de su vicio; y de la sociedad que sufrirá las secuelas de esta guerra interminable, traducidas en mayores recursos para los cuerpos policíacos y menores apoyos al cuidado de la salud.

 

 

 

Esta legislación le otorga amplios poderes a la policía y es indudable que se verán afectadas las garantías individuales de los habitantes de nuestro país. Detrás de la hipócrita exposición de motivos yace el carácter tiránico de la milicia dentro de los órganos civiles de seguridad pública, al señalar que en la persecución de los delitos intervendrá la fuerza pública cuando “dichas actividades se realicen en lugares públicos, toda vez que se preserva en exclusiva para las autoridades responsables de la salubridad, las funciones de inspección y verificación de establecimientos.” Tal decisión parece apuntar a un deseo (obscuro en la redacción) de los procuradores de justicia de los estados y de la federación por considerar a todos los consumidores de drogas como el principal nexo que los llevará a la detención de los narcomenudeistas y de los grandes narcotraficantes al disponer la reforma que “… la obligación de las autoridades federales [es] cumplir con sus atribuciones siempre que el delito menor se vincule o permita identificar ilícitos de mayor envergadura.”

 

 

 

Con lo anterior, podrían resultar absurdos los principios reactores de esta legislación que asegura preservar la integridad de los adictos, y los hechos que demuestran el castigo de facto a estos grupos sociales, aún con la vigencia de los artículos 195 y 199. Cuando en el decreto se menciona dieciséis veces la palabra “posesión”, es obvio el desdén a las acciones de prevención y de rehabilitación como alternativas a la reclusión. Si para el Bando de Policía y Buen Gobierno considera al adicto como un infractor, si ante los ojos del CPF lo valora como un criminal y si Ley General de Salud lo trata como un enfermo, es obvio que los derechos que se otorgan a los toxicómanos no sólo sirven como recursos legítimos para aquellos que no delinquieron y tuvieron la mala suerte de caer en las manos de policía; es la última esperanza de salvación para los más desprotegidos sin recursos económicos para sobornar al agente de tránsito, al juez o para contratar un abogado de primera. Por eso la mayoría de los consignados provienen de la clase baja. También es reflejo de la ineficacia de los organismos de impartición de justicia y la mala preparación de sus elementos que en vez de perfeccionar su funcionamiento optan por pisotear aún más los derechos civiles de la ciudadanía.

 

 


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