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El Chapo Guzmán, el jefe de Puente Grande
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Era el 7 de noviembre del año 2000. Faltaban tres semanas para que Vicente Fox asumiera el poder y 73 días para que uno de los principales narcotraficantes del país, Joaquín El Chapo Guzmán desapareciera del penal de máxima seguridad en Puente Grande. Ese día tres custodios fueron citados dentro del propio...
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El Chapo Guzmán, el jefe de Puente Grande

Jorge Fernández Menéndez

Viernes 1 de febrero de 2002 (13/01/06)
Arcana



Era el 7 de noviembre del año 2000. Faltaban tres semanas para que Vicente Fox asumiera el poder y 73 días para que uno de los principales narcotraficantes del país, Joaquín El Chapo Guzmán desapareciera del penal de máxima seguridad en Puente Grande. Ese día tres custodios fueron citados dentro del propio reclusorio por tres comandantes de la seguridad del mismo. Les dijeron que decidieran de una vez si aceptaban o no ser parte del equipo de protección de “los jefes” y les recordaron que a más tardar, el 20 de noviembre tenían que tomar una decisión, porque para el primero de diciembre, cuando entrara en funciones el nuevo gobierno, “tenían que encontrar todo en orden” para “no ser molestados”.

El problema es que “los jefes” de los comandantes encargados de la custodia del penal no pertenecían a ninguna autoridad gubernamental: “los jefes” eran El Chapo Guzmán, Jesús Héctor El Güero palma y Arturo Martínez Herrera, El Texas, los tres principales detenidos. Ser parte del equipo de protección de “los jefes” incluía la exigencia “no ver ni escuchar nada, permitir que gocen de privilegios como deambular por las distintas zonas del penal con libertad, introducir licores y vinos y por supuesto mujeres, contar con celdas de lujo y teléfonos celulares, sus celdas no podían ser revisadas”. Por ser parte de ese “equipo de seguridad” se pagaba a cada custodio 2 mil 500 pesos al establecer el acuerdo y luego 250 pesos extras por cada día de guardia. La propuesta era realizada por los comandantes Marco Fernández Mora, Pedro Pulido Rubira y Juan José Pérez Díaz. Su jefe era Luis Francisco Fernández Ruiz, director de seguridad del penal y tenían el beneplácito (o la ignorancia) del director del penal Leonardo Beltrán Santana. Otro comandante Jaime Valencia Fontes, alias El Negro, era el encargado de pagar esas “gratificaciones”.

Antes de aceptar la propuesta, a los custodios que se mostraban remisos se los trató de convencer con un método antiguo pero generalmente efectivo: emboscados por sus propios compañeros cerca de sus domicilios en la noche, recibieron una terrible golpiza a tubazos. Los demás fueron encerrados dentro del propio penal para que consideraran su decisión luego de ser careados con “el jefe”, el propio Chapo Guzmán que les preguntaba porqué no querían estar con él y les platicaba de los beneficios que podrían recibir mientras los otros custodios les explicaban que no se trataba de un acto de corrupción sino de “pequeños privilegios que no comprometen a nadie”.

Un año y semanas después de la fuga de El Chapo Guzmán de Puente Grande esos y otros testimonios, sobre la corrupción en ese penal pueden aparecer hasta debajo de las piedras. La diferencia es que esos testimonios estaban en manos de las autoridades desde meses atrás, por lo menos desde febrero de 1999, y fue parte de un flujo constante de información que no se detuvo hasta horas antes de la fuga y que por negligencia o complicidad, las propias autoridades ocultaron.

La fuga de El Chapo Guzmán es mucho más grave que el hecho en sí, va más allá de la escenografía de película hollywodense respecto a si fue sacado por un custodio en un carrito de lavandería o no: demuestra que los narcotraficantes tenían el poder y el control del penal de Puente Grande por encima de las autoridades formales que presumían de su control, es una gran parábola para comprender cómo funciona el otro poder que genera el crimen organizado, ese poder paralelo, subterráneo que en última instancia, termina desplazando o ignorando en muchos puntos de la geografía nacional a los poderes constituidos. Es la historia no contada ni resuelta de una cadena de corrupciones que quedaron al descubierto esa noche del 19 de enero cuando el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón llegó con un operativo de seguridad al penal de Puente Grande y descubrió que El Chapo ya no estaba allí.

***

Desde noviembre de 1997, la comisión de derechos humanos del estado de Jalisco, que encabezaba Guadalupe Morfín, había sido informada, tangencialmente, de los hechos de corrupción que se daban en el penal de Puente Grande, originalmente por una dirigente del grupo armado Procup allí detenida, Ana María Vera Smith. Solicitó autorización para visitar ese penal y le fue negado por las autoridades federales, argumentando que se trataba de una instancia federal y que por lo tanto no tenía jurisdicción. Por eso, cuando dos años más tarde, llegó a las oficinas de la comisión estatal un custodio (no daremos su nombre como tampoco el de los otros custodios que realizaron estas denuncias para preservar su seguridad personal y familiar) para denunciar las irregularidades que se cometían en el penal y cómo estaba siendo coercionados por sus propios compañeros para que se incorporara a una amplio esquema de corrupción que, desde aquellas fechas, controlaba el penal, se envió un informe pormenorizado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH tardó meses en contestar a pesar de que las denuncias se sucedían y ya no era un custodio sino tres quienes presentaban, con angustia creciente, esas denuncias. Finalmente el tercer visitador de la comisión, Arturo Peña Oropeza, mediante el oficio 012965, del 4 de mayo del 2000, contestó que el caso no era de la incumbencia de la Comisión, porque se trataba de un problema “laboral” y le recomendaba que recurriera a las instancias correspondientes para resolverlo.

El 24 de agosto del 2000 se envió a la CNDH y a otras instancias gubernamentales nuevos testimonios: en ellos se hablaba del ingreso de mujeres al penal y del movimiento de mercancías e instrumentos para los presos que en realidad lo controlaban. Ya se habla de “los jefes”: de El Chapo Guzman, el Güero Palma y el Texas. Unos días después llegan más detalles: el 26 de agosto entraron al área de “los jefes” dos damas escoltadas por numerosos elementos de vigilancia, mientras que por la aduana del penal entraron varios vehículos con contenidos muy voluminosos. Sin dar detalles se decía que todo ello había sido utilizado para festejar el cumpleaños de un detenido. Se envía la información correspondiente el 30 de agosto. Días después, la CNDH informó que las autoridades aseguraban que se habían ya adoptado medidas, que se había cambiado a un comandante y que ya no habría problemas. El nuevo comandante dura en su puesto quince días y fue reemplazado por quien sería uno de los principales organizadores del esquema de protección de “los jefes”: el propio jefe de seguridad del penal, Luis Francisco Fernández Ruiz.

Fue entonces cuando se dieron las reuniones del 7 de noviembre. Los custodios que estaban presentando sus denuncias eran ya cinco y pedían una protección oficial que nunca les llegó. La solicitud les fue presentada como una suma de “pequeños privilegios que no comprometen a nadie” pero también como una “línea” de la que no se podían apartar. A las presiones dentro del propio penal se sumaban las agresiones a tubazos y una fecha que no podía sobrepasarse: el 20 de noviembre previo a la llegada del nuevo gobierno, para que “no encuentren problema y todo pueda seguir igual”. Dos días después los custodios coercionadso presentaron una nueva denuncia: allí informan los nombres de algunos de los comandantes que estaban participando en el esquema de protección de El Chapo, El Güero y El Texas. En el documento se especifica que, además de los nombrados anteriormente (Fernández Ruiz, Fernández Mora, Pulido Rubira y Pérez Díaz), participan también Jacinto Bello Cobarrubias, Miguel Angel Godinez Cárdenas, Jesús Becerra Reyes, Jesús Candelario Castillo. Edgar JiménezPineda, Francisco Javier Tadeo Herrera, Manuel Minjarrez, Raúl Sarmiento Carrizosa, Jaime Efraín Rizo Estrada y Arturo Sánchez Ramos. Ahí es cuando se especifica cuáles son las reglas que giran, sobre todo, en torno a la primera: “no ver ni escuchar nada”, cuando se les presenta a “los jefes” y cuando se les dice a quienes no aceptaron hasta entonces entrar al esquema de corrupción, que las golpizas con tubos que habían sufrido los oficiales Manuel García Sandoval, José Luis García Gutiérrez y Celso Alberto Cárdenas Hernández “se las ganaron” por no colaborar con “el programa de actividades del penal”.

El 13 de noviembre, llegaría otro informe a las autoridades, particularmente a la CNDH, enviado por Guadalupe Morfín con detalles sobre estos hechos y con la demanda para que se adopten medidas para preservar la integridad física de los denunciantes. La respuesta a todas estas denuncias está fechada el 4 de diciembre: el tercer visitador de la comisión dice que no tiene medios para preservar la integridad física de los denunciantes y tampoco solicita esa protección a las instancias que podrían proporcionarla, básicamente porque sigue considerando el conflicto como “laboral” y le informa al informante original que su queja ya ha sido “tramitada y archivada”.

Evidentemente, los para entonces cinco custodios que estaban realizando las denuncias de corrupción en Puente Grande entraron en pánico. El 17 de enero (faltaban apenas dos días para que se conociera de la fuga de El Chapo) dos de los custodios llegaron a la oficina de Guadalupe Morfín. Acababan de recibir, con un mes de retraso, la comunicación de la CNDH donde les decían que su caso quedaban archivado y que no podían protegerlos. Pero la situación era más grave. Según la propia CNDH apenas el 12 de enero se había informado a la secretaría de seguridad pública federal de la que depende el control de los penales federales del país, del expediente completo del caso de Puente Grande. El día 15 llegaron personas que se presentaron como visitadores de la comisión y funcionarios de SSP, se alojaron en el hotel Lafayette de Guadalajara y comenzaron a citar a los denunciantes, empezaron por uno y le pidieron que los llevara a las casas de los otros. Paradójicamente, la exigencia era que se desistieran de las quejas presentadas porque “no tenían manera de probar sus dichos”. Algunos de los quejosos aceptaron retirar la demanda, pero otros se mantuvieron en su dicho. Pero entonces ocurrió lo más grave: quienes mantuvieron sus acusaciones fueron trasladados en la madrugada del día 16 a las propias instalaciones del penal de Puente Grande y uno por uno fueron llevados a la dirección del penal (que era parte del esquema de corrupción denunciado por estos custodios), donde fueron confrontados por los visitadores de la CNDH y funcionarios de la SSP con las autoridades del penal que eran las acusadas de los actos de corrupción. En esos careos estuvieron presentes el director del penal Leonardo Beltrán Santana, otro funcionario del área jurídica del penal y Enrique Pérez, director general de prevención y readaptación social de la secretaría de seguridad pública. Después de los interrogatorios, los denunciantes fueron mantenidos incomunicados en las mismas instalaciones del penal, detenidos por sus acusados.

Dos de ellos, fueron los que se escaparon y llegaron en la mañana del 17 de enero a las oficinas de Guaalupe Morfín. Uno de ellos, el primero que había presentado la denuncia y que había impulsado a otros compañeros a reafirmarla, se derrumbó llorando ante la ombudsman tapatía. “¿Qué nos ha hecho la Comisión?” reclamaba, convencido de que su vida ya no tenía valor alguno. Morfín estaba acompañada por su tercera visitadora, Guadalupe Ramos Ponce. Cuenta que ambas tampoco pudieron contener las lágrimas, que pensaron en opciones internacionales, en la comisión interamericana de derechos humanos de la OEA, en la corte interamericana de la OEA en Costa Rica, pero ninguna era una opción viable. Se sintieron todos ellos, los custodios y quienes desde Jalisco habían impulsado la denuncia, simplemente solos y abandonados.

Morfín decidió hablar directamente con Alejandro Gertz Manero, secretario de seguridad pública aunque dice que no sabía hasta donde llegaba ese esquema de corrupción que seguía impune en Puente Grande. Gertz no tomó la llamada pero lo hizo su secretario particular, Bernardo Portas Turri, quien recibió un informe completo de lo sucedido y, nuevamente, la solicitud de que se protegiera la integridad de los denunciantes. Pero le dio una información que hasta entonces se había mantenido en secreto porque no estaba plenamente comprobada: el control de El Chapo, El Güero y El Texas sobre el penal había coincidido con la llegada de tres comandantes del cuerpo de seguridad interna, provenientes de Sinaloa, desde fines de 1999. Trabajaban directamente para El Chapo y decían ser representantes de grupos con fuerte influencia política en el anterior gobierno federal. Portas dijo que hablaría con su jefe y así debe haber sido, porque al día siguiente el entonces subsecretario Jorge Tello Peón se comunicó con Morfín pidiendo una cita para la mañana siguiente, el viernes 19 de enero.

Morfín trató de hablar con José Luis Soberanes. El ombudsman nacional tampoco tomó la llamada, pero habló con su coordinador de asesores pidiéndole que tomara las medidas cautelares imprescindibles para preservar la integridad de los denunciantes. Dos llamadas más tarde el funcionario le pidió que le enviara por escrito las nuevas denuncias en lo que se llama un “acta circunstanciada”. La misma, calificada como un documento “confidencial, urgente y extremadamente delicado” y de la que tenemos una copia, terminó siendo filtrada a los medios de comunicación dos días después, utilizándola, en forma distorsionada, como una prueba de la intervención de la comisión jaliscience buscando “relajar” la seguridad en los reclusorios y así colaborar en la fuga de El Chapo. Sin embargo, el acta lo que dice es otra cosa: hace una amplia denuncia de las presiones a las que fueron sometidos los custodios que estaban denunciando el esquema de corrupción que prevalecía en Puente Grande y cómo, de denunciantes, fueron convertidos en sospechosos por autoridades de la CNDH, de la SSP y del propio penal involucrado en esos actos de corrupción. Básicamente solicita medidas de protección para esos denunciantes porque ya sus propios compañeros de trabajo y las autoridades del penal saben que han sido ellos quienes presentaron las denuncias.

El día 19 en la mañana, uno de los denunciantes recibe una llamada de una persona no identificada que dice hablar de la CNDH asegurándole que no se le puede brindar protección y que la comisión de derechos humanos de Jalisco exagera. Al mismo tiempo está llegando a Guadalajara el subsecretario Tello Peón. Habla con Guadalupe Morfin y le dice que se está dirigiendo directamente al penal de Puente Grande. La ombudsman le pide que antes de ir al penal se regrese y hable con ella para que le explique cómo está la situación. Por un comentario telefónico Morfin se da cuenta de que Tello no está solo, le pregunta quién lo acompaña, Tello le dice que el director del penal, Beltrán Santana. Morfin le dice que entonces no tiene nada que hablar con él, que delante de Beltrán no hablará nada. Y entra evidentemente, ella también en pánico porque no sabe hasta dónde llega la negligencia o el contubernio de las autoridades con los narcotraficantes presos en Puente Grande.

Pero pasan unas pocas horas y le habla el delegado del Cisen en Jalisco, de parte de Tello Peón (anterior responsable de ese organismo) y de Eduardo Medina Mora, actual director de esa institución, Morfín le dice que no puede hablar de las denuncias sobre la corrupción en el penal delante de uno de los principales acusados de la misma. Le responden que Tello Peón, después de la llamada comprendió la gravedad de la situación y que posteriormente quería hablar a solas con ella. El encuentro entre Tello y Morfín nunca se produce: a primera hora de la mañana del 20 de enero, Morfín recibe una llamada urgente de Eduardo Medina Mora, director del Cisen, que le informa que la noche anterior se había descubierto la fuga de El Chapo Guzmán y que su seguridad podía correr algún riesgo, le ofreció inmediatamente una custodia y la misma se extendió a los dos abogados que habían llevado, con ella, esas denuncias ignoradas por las autoridades, Fernando Coronado y Miguel Sarré.

***

La historia cuenta que, cuando Tello Peón llegó a Puente Grande y pudo comenzar a conocer la situación y las denuncias que se habían presentado, ordenó un cambio general de guardias, la detención cautelar de la mayoría de los involucrados y un operativo especial de seguridad. Pero cuando todo eso se puso en marcha, cerca de las diez de la noche del 19 de enero, El Chapo Guzmán ya no estaba en el penal. Todavía un custodio, de apellido Vizcaino declaró que él había visto al Chapo a las siete de la tarde del viernes, otro, de apellido Sánchez dijo que cuando pasó lista reglamentaria, a las 21.15 horas, el Chapo todavía estaba allí. Los dos mentían: el Chapo se había fugado, por lo menos, desde el mediodía del viernes, unas horas después de la llegada a Guadalajara de Tello Peón y casi al mismo tiempo que éste comprobaba el involucramiento de las autoridades más altas del penal en el esquema de protección al narcotraficante.

Horas después de la fuga se estableció la ruta que habría seguido El Chapo para salir de Puente Grande: dentro de un carro de lavandería pasó de su celda al comedor, a la propia sección de lavandería del penal, al departamento de mantenimiento y salió dentro de un camión con ropa sucia. A unos pocos metros del penal lo esperaba una Golf en la que finalmente huyó. Para todo habría sido ayudado por un hombre que posteriormente se entregó a las autoridades: Francisco Javier Camberos, alias el Chito, un simple custodio que, según los testimonios posteriores, era el intermediario de El Chapo con otros custodios y que podía moverse a voluntad por todo el penal. Todo indica que El Chito sí jugó algún papel en la fuga, pero el involucramiento de las autoridades del penal iba mucho más allá. No hubo, por ejemplo, escenas de video de lo sucedido ese día. Todo el sistema de video había sido desactivado y eso no podía hacerlo El Chito Camberos, ya detenido, asumió toda la responsabilidad y presentó el caso como una fuga individual organizada por él mismo. Dijo que El Chapo se hizo su amigo, que estaba “afligido” por la posibilidad de que Estados Unidos solicitara su extradición y que eso “le causó mucha tristeza” tanta, que “cargaron mi ánimo de compasión para una persona que era mi amigo”. El Chapo, en esta versión, estaba mal alimentado, no tenía visitas, no podía hablar casi con nadie y eso ablandó el corazón de El Chito. Según su declaración, al entregarse voluntariamente a las autoridades, fue él, no el Chapo quien tuvo la idea de la fuga: “si quieres irte, dice que le dijo, es en este momento y yo te ayudo”. El Chapo le habría dicho, asombrado, asegura el declarante: “a poco puedes, lo único que vas a lograr es que nos tiren de balazos a la salida”. El Chito, más valiente que el célebre narcotraficante lo desafió: “pues tu sabrás si te arriesgas o no”. Le explicó como saldrían con el carro de lavandería y que las cerraduras del penal estaban “descompuestas” lo mismo que algunas de las cámaras de seguridad. Así se fue, según Francisco Javier Camberos, el Chapo de Puente Grande.

Esa declaración es contradictoria con otro proporcionada por el mismo ex custodio: dijo que el Chapo le entregó 80 mil pesos para comprar el Golf utilizado en la fuga, que le entregó el automóvil a César, uno de los hijos de Guzmán Loera y que ese mismo día sacó en el carro de la lavandería a El Chapo del penal. Que allí, a unos metros de Puente Grande, el padre y el hijo se encontraron y huyeron juntos. La pregunta, si todo fue tan espontáneo, es cómo fue que El Chapo le entregó ese dinero con anticipación, como se hizo toda la operación de compra del automóvil (registrado a nombre de un familiar de El Chito), cómo se contactó con César, el hijo de Guzmán Loera y como, casualmente, la fuga se realizó tres horas después de que llegara Tello Peón a Guadalajara para ver qué diablos sucedía en Puente Grande y sólo diez horas antes de que se implementara un operativo de seguridad externo para recuperar el control de la prisión. Tampoco explica los testimonios falsos de distintos custodios que aseguran que, hasta poco minutos antes del operativo, El Chapo estaba todavía en la prisión.

Evidentemente la fuga se desarrolló de otra forma y era parte de la decisión de El Chapo de no permitir su posible extradición a Estados Unidos. Las investigaciones coinciden en que en noviembre del 2000 sus abogados le advirtieron a Guzmán Loera que la nueva administración estadunidense estaría en condiciones de solicitar su extradición y que el gobierno de Vicente Fox (ambos asumirían en las próximas semanas) estaría en posibilidad de otorgarla. No es casualidad que para esas fechas se incrementara la campaña para que todos los custodios decidieran si se incorporaban o no al esquema de corrupción que controlaban El Chapo, El Güero y El Texas. Consolidar ese esquema de protección era imprescindible para poder realizar una fuga “segura” de Puente Grande. No fue el único capítulo de esta campaña: semanas antes se había asesinado en Pachuca, Hidalgo, a Pablo de Tavira, ex director de Almoloya y un día después se asesinó en Guadalajara a quien había sido el segundo de De Tavira y el director de Puente Grande, Juan Castillo Alonso. Ambos eran los responsables de haber establecido extremas medidas de control en los penales de máxima seguridad. Al mismo tiempo se envió a CNI Canal 40 un controvertido video mostrando la situación que imperaba en el penal de La Palma (antes Almoloya), con filmaciones de las cámaras de seguridad del propio penal. Esos videos, que fueron distribuidos por la defensa de connotados narcotraficantes, sólo podían tener dos orígenes: los mandos de la SSP o las propias autoridades del penal. Hoy sabemos que en la fecha en que se filmaron esos videos, el director de Almoloya era Leonardo Beltrán Santana, quien se había convertido después en el director de Puente Grande. No quedan muchas opciones: o Beltrán Santana nunca se enteraba de lo que sucedía realmente en los penales de máxima seguridad que estaban bajo su mando (lo cual denotaría una terrible ingenuidad para un funcionario en esa posición) o lo ignoraba conscientemente, siendo, de una u otra forma, parte del esquema de protección a los propios narcotraficantes. Después se dijo que la comisión de derechos humanos de Jalisco había solicitado el relajamiento de las medidas de seguridad del penal de Puente Grande: en realidad no fue así, la denuncia versaba sobre la corrupción que se vivía en ese centro penitenciario y fue ignorada.

Queda, sin embargo, una duda: ¿porqué se fugó solamente el Chapo y no su amigo y compadre, El Güero Palma y su nuevo socio, Martínez Herrera, jefe de la violenta banda de Los Texas que opera en Tamaulipas, asociada con el cártel de Juárez (como lo están Guzmán Loera y Palma en Sinaloa y el centro del país)?. Existe una tesis que no debería descartarse: El Chapo y sus compañeros solían salir de Puente Grande en muchas ocasiones. Y quizás el Chapo no estaba en Puente Grande cuando se precipitaron los acontecimientos y se estableció el operativo de seguridad que reemplazó a los mandos y custodias del penal por otros nuevos. Quizás, en términos estrictos, El Chapo no se escapó de Puente Grande, sino que ese operativo lo “encontró” fuera del reclusorio y allí, fuera, decidió quedarse y algo impidió que el Texas y el Güero se le sumaran.

El hecho es que desde un año antes se sabía lo que ocurría en Puente Grande y se podrían haber tomado medidas, que desde noviembre del 2000 era evidente que la situación en el penal había quedado bajo control de los narcotraficantes, que las advertencias enviadas a las autoridades y a la comisión de derechos humanos fueron subestimadas o ignoradas y que allí, en Puente Grande, tuvimos una comprobación palpable de algo que es una realidad en muchas zonas de nuestro país: el crimen organizado ha organizado un poder paralelo, alterno al del propio Estado que conserva la formalidad, las autoridades e instituciones, pero que ha perdido el control real sobre esos espacios.


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