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El narcotráfico evoluciona
Vetar y no vetar [columna Plaza Pública]
¿Narcomenudeo?


La reforma al Código Penal Federal, al Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General de Salud, para combatir el narcomenudeo, podría...Se equivocaron —nos equivocamos— quienes, opuestos a la forma y el fondo (el modo en que se aprobó en las dos cámaras del Congreso, y su contenido) de la reforma...
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Vetar y no vetar [columna Plaza Pública]

Miguel Ángel Granados Chapa

Viernes 5 de mayo de 2006 (12/05/06)
Reforma ver en reforma.com

La reforma al Código Penal Federal, al Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General de Salud, para combatir el narcomenudeo, podría quedar congelada para siempre con el veto presidencial. Si los opositores a la reforma a la ley de radio y televisión hubiéramos solicitado la intercesión de Washington para que persuadiera al gobierno foxista de vetarla seguramente lo hubiéramos obtenido. Lamentablemente entonces nos fuimos por el camino equivocado



Se equivocaron —nos equivocamos— quienes, opuestos a la forma y el fondo (el modo en que se aprobó en las dos cámaras del Congreso, y su contenido) de la reforma a la ley de radio y televisión, expusimos la necesidad de que el presidente Fox la vetara. En vez de hacerlo, la publicó el 11 de abril pasado. Nuestro error consistió en formular nuestra exigencia de modo directo. Si hubiéramos llamado a la puerta correcta, otra hubiera sido la decisión presidencial. Si hubiéramos invocado a las autoridades de Washington para que ellas solicitaran al Ejecutivo mexicano practicar esa facultad, lo hubiéramos logrado. Así ocurrió con la reforma a los códigos penales sustantivo y adjetivo y a la ley de salud para combatir el narcomenudeo. Nadie pidió en México que Fox vetara las enmiendas salidas del Congreso hace una semana, el último viernes de abril, y su vocero anunció el martes 2 de mayo que el Presidente las publicaría. Pero solicitudes eficaces, muestras de preocupación contundentes, surgidas a orillas del Potomac, hicieron a Los Pinos mudar de opinión. El Presidente vetará la reforma relacionada con las drogas. Y como el Congreso está en receso (perdón por la inevitable cacofonía) tendría que reunirse en sesiones extraordinarias para desahogar las observaciones presidenciales, y quizá no están dadas las condiciones para tal periodo (por lo menos no antes de agosto), el veto puede significar que se aplace para nunca la reforma objetada.

Ya había demorado mucho su aprobación. El propio Presidente había presentado a la Cámara de senadores la iniciativa de que con tardanza surgió la reforma, en fecha tan remota como el 7 de enero de 2004. Casi dos años después, en diciembre de 2005, el Senado aprobó el proyecto. La Cámara de Diputados hizo lo propio apenas este 25 de abril, pero como introdujo modificaciones, devolvió la minuta a Xicoténcatl que las hizo suyas y aprobó la reforma en las últimas horas de su jornada postrera, el 28 de abril.

El eje de la reforma consiste en habilitar a autoridades estatales y municipales para combatir el narcomenudeo, práctica en terrible y temible expansión que no ha podido ser contenida por el gobierno federal, hasta ahora el único capacitado para perseguir los delitos contra la salud. Embatir directamente y con mecanismos reforzados contra la venta de drogas al menudeo, sin embargo, requiere distinguir entre quienes se dedican a ese tráfico en pequeña escala y deben ser procesados, y quienes consumen estupefacientes por adicción, que no es una conducta punible en nuestro derecho, ya que se le concibe como un asunto de salud pública, no del derecho penal. A efecto de establecer esa diferencia se enlistaron sustancias y dosis admisibles, lo que fue interpretado como el ingreso de México al restringido ámbito de los países permisivos. En rigor estricto no es así, y ni siquiera es novedoso el criterio, pues legislativa y jurisprudencialmente se ha establecido de tiempo atrás que no es ilícito que los usuarios porten la cantidad requerida para su consumo.

Durante el fin de semana largo se oyeron voces de aprobación, las más, y de reprobación a las enmiendas. Ninguna llegó al extremo de solicitar el veto. Por eso el martes el vocero Rubén Aguilar anunció que el Presidente publicaría la reforma. Pero ese día, y los siguientes, se encendieron luces rojas ante la Presidencia. El diario británico The Financial Times citó a anónimos "funcionarios antidrogas estadunidenses" como "críticos" de la nueva legislación, "pues temen que desate un problema de adicción nacional y haga de México un destino del narcoturismo". Más puntualmente, el periódico Reforma dijo en su edición de ayer que la directora de la agencia antidrogas norteamericana, la DEA, Karen Tandy, viajó expresamente para expresar su preocupación en tal sentido al secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora, que se había ufanado de que las nuevas disposiciones constituyen "un importante avance". El procurador norteamericano Al Gonzales habría telefoneado a su homólogo mexicano Daniel Cabeza de Vaca con un mensaje semejante. Su contenido fue resumido por una fuente del Departamento de Estado, también citada por Reforma: "Fuimos muy fuertes en urgir a nuestros colegas mexicanos a trabajar para asegurar que la ley evade cualquier percepción de que el uso de drogas sería tolerado en México".

Atento a las observaciones mexicanas, y quizá también a las expresadas fuera, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, encabezado por el inteligente Gerardo Laveaga, reaccionó con agilidad y presteza y organizó para ayer jueves por la mañana un seminario cuyo título en forma de pregunta implicaba una respuesta negativa: ¿De veras legalizó México el narcomenudeo? La casa presidencial, sin embargo, se anticipó y el miércoles anunció el veto, aunque no quiso perder cara y sin especificarlas reconoció las bondades de la reforma (puesto que, al fin y al cabo, allí se había originado):

"Sin dejar de valorar los avances logrados en la materia y siendo sensible a las expresiones de diversos sectores de la sociedad, el gobierno de la República ha decidido hacer observaciones al contenido de los mencionados instrumentos legales, a efecto de que el Congreso realice las correcciones necesarias para que sea absolutamente claro que en nuestro país la posesión de drogas y su consumo son y seguirán siendo delitos".

Erró el Presidente al no decir que el Congreso realizará esas correcciones "si así lo tiene a bien".
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