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Mascaras. IV. Cuando la cocaína no tenía cola :: Drogas México

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Cultura general y medidas de reducción de daños en torno a este estimulante derivado de la hoja de coca

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Mascaras. IV. Cuando la cocaína no tenía cola
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1908: La fábrica de cigarros de marihuana marca "Rateros"A partir del último tercio del siglo pasado el consumo de marihuana en México se fue asociando cada vez más con ambientes carcelarios y militares. Si bien la yerba todavía no se identificaba plenamente con actitudes antisociales, ésta sí se mantenía muy viva en...
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Mascaras. IV. Cuando la cocaína no tenía cola

Ricardo Pérez Monfort

1 de octubre de 1995 (05/11/04)
Nexos



1908: La fábrica de cigarros de marihuana marca "Rateros"

A partir del último tercio del siglo pasado el consumo de marihuana en México se fue asociando cada vez más con ambientes carcelarios y militares. Si bien la yerba todavía no se identificaba plenamente con actitudes antisociales, ésta sí se mantenía muy viva en espacios populares en donde se ligaba estrechamente con la herbolaria tradicional. Utilizada tanto con fines medicinales como con llamados a la evasión, el consumo de marihuana junto con otros agentes embriagantes populares como el pulque, el toloache y el zoapatli fue entrando en el ámbito de lo condenable no sólo por su identificación como "vicio", sino -sobre todo- por tratarse de un hábito muy soconido entre "el pobrerio". Esto era particularmente condenable porque bajo los influjos de la marihuana "el pobre" solía escaparse del control estatal. El rechazo social al consumo de marihuana entre sectores populares -particularmente entre soldados y reos- se fue construyendo con la justificación de que, como decía El Imparcial en 1908: "El marihuano es generalmente peligroso. El humo de la yerba genera en su cerebro ideas de crimen, en la forma más espantable de crueldad y depravación. En los cuarteles, el soldado marihuano pone en conmoción a sus compañeros, riñe con ellos, desconoce a la autoridad superior...". Sin embargo, la satanización de la marihuana todavía no era tan contundente ni mucho menos tan generalizada. Llama la atención, por ejemplo, que en muchos documentos oficiales de las penitenciarías del Ayuntamiento de la Ciudad de México, escritos tiempo después de 1910, se refieran a los prisioneros consumidores de marihuana con una apreciación bastante menos ofensiva que hacia aquellos aficionados a la vagancia o al raterismo. La venta o el consumo mismo de alcohol dentro de los reclusorios recibía una condena de mayor envergadura que la distribución y la afición de los marihuanos. Lo mismo pasaba en los cuarteles. Así, puestos a comparar, un soldado alcoholizado era reprendido con más severidad que uno marihuano.

Desde por lo menos 1903 la actitud de las autoridades tanto civiles como militares se empezó a orientar en contra del consumo de la marihuana. Sin embargo, su condición de remedio medicinal le otorgaba un espacio un tanto ambiguo que todavía años después, y aun con los prejuicios al estilo de El Imparcial, protagonizaba acontecimientos como el siguiente.

En julio de 1908 el Inspector General de Policía, el coronel Félix Díaz, se pretendió hacer notar en el ánimo de los lectores capitalinos al dar a conocer el desmantelamiento de una fábrica de cigarros de marihuana que, según la denuncia, surtía a todas las cárceles del Distrito Federal. En las calles de la Concordia los agentes habían dado con seis enormes cajas que contenían cerca sesenta arrobas de "tabaco higiénico" procedente de Celaya, a nota periodística afirmaba:

...Cuando se abrieron las cajas, se encontraron dentro cigarros elaborados en grandes cantidades. Los había en todos los papeles. Cigarros más gruesos que un dedo, liados en papel de orozuz; cigarros pequeños de elaboración especial para damas; liados en papel de arroz y otros brutales por el grueso y el tamaño, liados en papel burdo, eran la elaboración de la marca "Rateros". La denominación general de la fábrica, a juzgar por los membretes de las cajas, era bastante curiosa, leamos:

FABRICA DE MONTECRISTO

Cannabis Indica

Cigarros medicinales contra el asma,

bronquitis, dolores de pecho

y de pulmón, y los muy celebrados "frajos".

"LA RESURRECCION", de Celaya.

El asunto no terminaba ahí. José del Moral, identificado como el dueño de estas cajas, se resistió a que las autoridades lo aprehendieran con una argumentación que, desde luego, no le sirvió mucho, pero que puso en aprietos al espíritu persecutorio. El señor del Moral había traído su marihuana a México para que fuera analizada por el Consejo Superior de Salubridad y eventualmente explotarla en gran escala.

Porque él cree [decía textualmente el periódico] basado en la venta que de ella se hace en Europa, que la referida yerba no solamente no es dañosa, sino que por el contrario, posee excelentes cualidades medicinales.

¿Por qué no se me ha de permitir, dice del Moral, que yo ponga a la venta, elaborada perfectamente esta benéfica planta?

No encuentro motivos, sigue diciendo, para que se me pueda impedir establecer una fábrica de cigarros de marihuana, ya que en Europa, y especialmente en Francia, la nación que como todos saben, va a la vanguardia de la civilización, no está prohibida ponerla en comercio.

He aquí, continúa diciendo del Moral, una prueba evidente de mi aserción, y exhibe una cajilla en forma de petaca, de color pajizo, que con el sello en el reverso, de "Grimault y Cie." y en el anverso con la marca en letras de oro:

Cigarettes Indiennes (Cannabis Indica) contre l'asthne, les bronchitis et les maladies du poumon Crimault y Cie. Pharmaciens.

8, Rue Vivienne 8. Paris...

Al margen de lo que pudo haber sucedido con el señor del Moral, sus pruebas atacaban directamente los dos prejuicios fundamentales que rodeaban al consumo de marihuana en los ánimos prohibicionistas del momento: su nocividad y su condición eminentemente popular. Aun así el afán de convertirla en un producto pernicioso para la "higiene social" llevó a las autoridades a incluirla entre las primeras prohibiciones formales en contra de la producción, distribución y consumo de "drogas enervantes".

Las prohibiciones y limitaciones estatales hacia la marihuana y otras sustancias empezaron a adquirir cierta definición hasta 1916, cuando el gobierno de Venustiano Carranza decretó su ilegalidad en todo el territorio mexicano. Tratando de ponerse al día con las tendencias internacionales de control de narcóticos, pero sobre todo estableciendo cierta identidad con la marea prohibicionista norteamericana de la segunda década del presente siglo, el decreto carrancista otorgaba exclusivamente al Departamento de Salubridad la facultad de importar y distribuir drogas como el opio en bruto, la morfina, la heroína y la cocaína. Esta instancia administrativa debía ser la que otorgara las concesiones y los registros de todas las sustancias sometidas a control estatal, mismo que establecía terminantemente su jurisdicción en materia de narcóticos.

Desde 1912 la Convención Internacional del Opio de La Haya había iniciado la guerra mundial contra las drogas. Los gobiernos del México revolucionario y posrevolucionario se fueron sumando poco a poco a dicha intención prohibicionista comandada por el gobierno de los Estados Unidos. El reverendo Charles Henry Brent fue, junto con Hamilton Wright y F. C. Harrison, uno de los principales impulsores del principio que establecía que "cualquier uso no médico de drogas era inmoral". Este principio -junto con una clara identificación racista de los consumidores de drogas y sus aficiones- determinó el inicio de la campaña norteamericana contra las drogas. Brent asociaba el consumo de drogas con la inferioridad de algunas "minorías" que poco a poco iban ocupando espacios mayores en la sociedad norteamericana. Así planteaba que el opio hacía inútiles a los orientales, la marihuana a los latinos y la cocaína a los negros, por lo que su persecución resultaba particularmente relevante entre estas "minorías". La campaña prohibicionista se intensificó entre los años de 1914 y 1915, mostrando un ligero descenso hacia fines de la guerra mundial. Pero a partir de 1918 recobró fuerza cuando el Departamento del Tesoro nombró un comité especial para la lucha contra los narcóticos, con ingerencia en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad norteamericana. La intolerancia hacia el consumo de drogas también estuvo presente en las presiones diplomáticas, las que sin duda fueron de bastante consideración durante el gobierno de Venustiano Carranza.

Sin embargo, el decreto carrancista de 1916 estuvo muy lejos de aplicarse siquiera medianamente. Esto sucedió no sólo por la situación de inestabilidad general que caracterizaba entonces al país, sino también porque los importadores y los distribuidores, tanto en pequeña como en gran escala, ya se encontraban coludidos con las autoridades para mover sus mercancías sin importar que fueran legales o ilegales. Pero independientemente de las presiones externas y de la ineficacia de las medidas internas, la preocupación por el asunto de las drogas no estuvo ausente a la hora de discutir el modelo de país surgido a fines de 1916 y principios de 1917. Justificando la necesidad de un control estatal hacia la sociedad en general y respondiendo a los intentos de reordenar las estructuras básicas del país, el espíritu prohibicionista permeaba la reorientación de los patrones culturales existentes. Dicho espíritu apelaba sobre todo al paulatino pero necesario distanciamiento de aquellos usos culturales que se habían implantado en los años de la decadencia porfiriana. Se trataba quizá de una justificación más de las medidas radicales de los gobiernos revolucionarios que querían acabar con los "códigos de conducta viciosos" del porfiriato tardío. Así en los debates del Congreso constituyente de 1917 se pudo percibir la preocupación por imponer un control estatal sobre el consumo de drogas. El doctor y diputado coahuilense, José M. Rodríguez propuso a la hora de discutir las características de un Consejo de salubridad que se establecieran disposiciones "dictadas para corregir esta enfermedad de la raza provenida principalmente del alcoholismo y del envenenamiento por sustancias medicinales como el opio, la morfina, el éter, la cocaína y la marihuana". Si bien la preocupación del constituyente se encontraba más cerca del alcoholismo, el asunto de las drogas formaba parte de la ruptura entre el viejo y el nuevo orden político. Aunque el argumento para la prohibición de las drogas apelaba sobre todo a la ética y a la moral, también existía una preocupación por la "higiene social" que a juicio del doctor Rodríguez había disminuido enormemente durante el porfiriato. Decía: "el abuso del comercio de estas sustancias tan nocivas a la salud ...ha multiplicado la mortalidad al grado de que ésta es en la actualidad una de las mayores del mundo (...) por consiguiente, creemos que la autoridad sanitaria debería ser la única encargada de ...dictar las disposiciones... a los grandes capitales que se ocupan en la explotación de esta desgracia nacional y para dictar medidas después contra el uso inmoderado o no médico de todas aquellas sustancias nocivas o peligrosas que envenenan al individuo y degeneran la raza".

La vehemencia con que el doctor Rodríguez defendió su posición hizo decir al diputado por Michoacán, José Alvarez, en tono de broma, que los delegados votarían por ella porque estaban convencidos "de que si las leyes de Moisés se escribieron en dos piedras, la Constitución mexicana debe estar escrita en dos tablas de jabón".

Pero una vez más la distancia entre el afán controlador del Estado y la realidad se evidenciaba a la menor provocación. Un caso suscitado en la Ciudad de México en 1919 sería la muestra de cómo estaban las cosas en la época en que los decretos carrancistas y los principios constitucionales intentaban aplicarse al acontecer cotidiano.

1919: Autoridades sanitarias, banqueros y farmacéuticos

Durante los meses de julio y agosto de 1919 las noticias sobre la distribución y consumo de opio abundaron en los periódicos de la capital. El 6 de julio el Excélsior publicó un reportaje sobre el descubrimiento de un contrabando de más de una y media toneladas de opio en la frontera norte. A las dos semanas el mismo periódico encabezó su edición matutina con la siguiente sentencia: "El mercado de opio se halla en México". Al día siguiente decía: "Hay opio en abundancia en México" y al siguiente "Mucho opio se ha enviado a E. U. de contrabando".

Pero en agosto varios periódicos se encargaron de hacer sus propias investigaciones y encontraron en resumen lo siguiente: Un banquero alemán de nombre Wilhelm Hermann era el responsable de un enorme cargamento de opio destinado para los Estados Unidos. La bodega en donde estaban depositadas cerca de 12 mil latas con 250 gramos de opio cada una, era propiedad del químico José Donaciano Morales, vocal del Consejo Superior de Salubridad. El asunto se complicó cuando el señor Hemmann fue citado a declarar ante el Ministerio Público. El alemán contó que él mismo había comprado a las autoridades mexicanas dos mil kilos de opio que se habían decomisado en 1917 a la firma Chin Sing. Entre las autoridades mexicanas implicadas en el asunto se encontraban el gobernador del Distrito Federal y los altos mandos de la Secretaría de Hacienda. Al hacerse de dicho cargamento de opio, Hermann pidió a su amigo, el químico Morales, que se lo guardara en su bodega. Este puso la droga a disposición del señor Blas Grisi, dueño de la Droguería Grisi, quien se iba a encargar de la extracción del alcaloide para su venta medicinal. Poco a poco se fue aclarando que el señor Grisi nunca vio el opio y que gran parte del cargamento original ya había sido trasladado a la frontera norte, e incluso que ya se había vendido a agentes norteamericanos. En las pesquisas hechas por los reporteros aparecieron entonces los nombres de varios agentes aduanales e incluso el nombre de un general-diplomático involucrado en el tráfico de opio por la frontera de Laredo.

Ante el escándalo llevado a cabo por la prensa, Hemmann decidió retirar la droga de las bodegas en una caja fuerte, misma que desapareció en manos de un supuesto comprador sin dejar rastros. La indignación de El Demócrata y de Excélsior fue tal que pidieron la renuncia del Consejo de Salud en pleno, sin embargo sólo lograron que el señor Morales solicitara su separación de dicho Consejo con el fin de facilitar las pesquisas de las autoridades correspondientes. Por cierto que en los archivos de aquel Consejo no apareció mayor documentación sobre el caso. Justo es decir que la serie de reportajes sobre este "Panamá del opio" terminaba con un aire de desencanto dada la evidencia de que traficantes y autoridades se encontraban claramente coludidos.

A lo largo de estos reportajes la posición de los reporteros era de profundo rechazo tanto a los comerciantes como a las autoridades. Pero quienes resultaban particularmente involucrados eran los residentes chinos, los principales consumidores de opio en México. Sin ocultar los constantes juicios xenofóbicos, este caso también sirvió para mostrar no sólo una parte de la red de distribución internacional de opio que utilizaba el territorio mexicano, sino para descubrir un mercado interno más robusto que escuálido. A lo largo de la exposición del caso no faltaron las declaraciones de chinos y mexicanos aficionados al "Chandoo" y al "ping-ying". Estos estuvieron siempre dispuestos a denunciar lo cara que encontraban la satisfacción de su hábito y lo adulterada que recibían su materia prima. Por otra parte también fue saliendo a la luz pública la existencia de una gran cantidad de fumaderos de opio tanto en la capital como en Torreón, Tampico y Mazatlán, mismos que contaban con una constante clientela china y mexicana. Así, a través de estos reportajes la intolerancia, pero también la permisividad, de los primeros años veinte empezaba a asomar su rostro múltiple.

Los años veinte: de los "cocorimbos" a la "Flor de cocaína"

En términos generales, la cocaína tuvo una presencia un tanto incierta en la sociedad mexicana de principios de siglo. Por una parte se le reconoció su eficacia como medicamento, principalmente como anestésico, pero por otra se le identificó con aquellas sustancias que podían causar "daños morales a los individuos". A diferencia de la heroína o de la marihuana, la cotidiana referencia a la coca o al "cocó" no parecía despertar demasiado encono entre los voceros de la sociedad capitalina de los años posrevolucionarios. La mayoría de las publicaciones asociaban su consumo no medicinal sobre todo con grupos bohemios y con la aristocracia que al parecer no tengan problemas para confesar sus hábitos relacionados con la coca. Por ejemplo, en un reportaje sobre drogas en México publicado en Revista de revistas en 1925 apareció una declaración de una dama anónima que afirmaba:

...No soy cocainómana, pero he tomado y tomo a veces cocaína. Como he tomado y tomo en ocasiones éter. La primera vez que tomé cocaína -y la primera vez que tomé éter- lo hice por curiosidad... Los efectos, sobre todo los de la cocaína, no me disgustaron. Los encontré parecidos a los de la música, uno de mis mayores vicios... Y me dije: -De hoy en adelante cuando esté muy aburrida, muy aburrida, muy aburrida, tan aburrida que ni Grieg, ni Chopin, ni Beethoven, ni Debussy, me embriaguen bastante, tomaré éter o cocó.

Por su parte el periodista Fernando Ramírez de Aguilar, alias Jacobo Dalevuelta, en su libro Estampas de México publicado en 1930, se quejaba de que las grandes comilonas de antaño eran "sustituidas victoriosamente por la química en los inofensivos chocolates o con la blanca `coca' con que se `empolvan' los tipos `dorados' de la urbe". Y al respecto de su circulación y abundancia en la Ciudad de México don Fernando insistía: "conozco más de cuatro sitios donde con la mayor facilidad se puede obtener la cocaína, conocida en el argot de los viciosos con los nombres de `coca', `Cloris' y `Blanca'". Los "empolvados" la llamaban con el sugestivo nombre de "La diosa blanca" y la solían adorar abiertamente con toda clase de cucharitas, frasquitos, navajas y popotes. La descripción de tal parafernalia aparecía también con cierta frecuencia al abordar el tema en la prensa periódica de los años veinte.

Ya entrados los años treinta la revista Vea publicaba un artículo de un tal Fernández Terán en el que se indicaba la facilidad con que se podía acceder a unos cuantos gramos de cocaína en la calle de la Camelia en un "centro distribuidor" llamado "El Silencio". Ahí los "cocorimbos" podían allegarse un "testereón" por 30 pesos el gramo. Y todavía en los años cuarenta su presencia en el medio aristocrático citadino no causaba ningún empacho al anunciar en los principales diarios del país el indiscreto nombre del perfume español "Flor de Cocaína".

Y esta situación parecía aplicarse a otros puntos del país. Francisco Rivera Avila, el célebre Paco Pildora del Puerto de Veracruz, recordaba en un articulo titulado "Cuando la coca no tenía cola" que a mediados de los años veinte en las principales farmacias de su ciudad natal podían conseguirse "clorhidratos de cocaína y de morfina alemana, de la Casa Merck, y francesa, Poulenc Freres" expendiéndose libremente..

...pues ni siquiera se llevaba registro de narcóticos. En muchas farmacias se vendía sin temor y había talleres de platería donde vendían unas diminutas cucharitas de plata muy útiles para el pase (...) Era común encargarle a cualquier chamaco un tamborcito de a 3 pesos de la farmacia de fulano y recibir una cajita de cartón redonda con un gramo de magnífico Clorhidrato de Cocaína de Merck, nadie se espantaba, la gente sabía de este trafique y conocía al mismo tiempo a quién le gustaba la nieve de Coco o se arponeaba con morfina o heroína (...) Nadie se admiraba, ni Criticaba a nadie, era como el juego de Juan Pirulero... pero entonces ni existía en el diccionario porteño la palabra tan terrífica de NARCOTRAFICO...

Por otra parte, en los archivos del Departamento de Salud Pública es rara la referencia a la persecución o siquiera a la identificación de tráfico y consumo de cocaína en los años veinte y treinta. Mucho más frecuentes son los casos de intercambio, producción y adicción relacionados con marihuana y opio. Sin embargo, la sustancia que se gana las palmas en materia de persecución, de preocupación, pero también de corrupción estatal en estos años es la heroína.

Si bien, como se ha visto, las medidas prohibicionistas ya tenían una mayor presencia en la década de los años veinte, es hasta después de 1933 cuando tanto las acciones nacionales como las internacionales se intensificaron. Entre 1931 y 1933 se llevaron a cabo diversas conferencias internacionales "de defensa contra narcóticos" en las que México participó suscribiendo los tratados sobre control de tráfico ilícito de estupefacientes. Y llama la atención cómo a partir de esos años tanto el Departamento de Salud como la Secretaría de Gobernación empezaron a recibir informes internacionales de la llamada "lucha contra el tráfico de drogas". Pero independientemente de las convicciones internacionalistas. si se pone atención a lo que reporta la prensa de aquellos años. otra vez queda muy clara la combinación de autoridades con traficantes de heroína.

1937-1939: El extraño caso de Lola la Chata y el capitán Huesca de la Fuente contra el doctor Salazar Viniegra

A partir de mayo de 1937 el periódico La Prensa inició una larga serie de reportajes en los que aparecían implicados en el tráfico de "papelitos de heroína" una gran cantidad de miembros de la Policía Judicial Federal, algunos funcionarios de la Procuraduría de la nación y el mismo Jefe de la Policía de Narcóticos del Distrito Federal. La historia resultaba a cual más jugosa en labios de Dolores Estévez, mejor conocida como "Lola la Chata", al denunciar tanto a policías como a agentes del ministerio público de no haberle dado la protección prometida en su negocio ilícito. Poco a poco empezaron a salir nombres y apodos de traficantes y sus ligas con miembros del Departamento de Salubridad y con fiscales y jueces de distrito. Al parecer la traficante obtenía su mercancía tanto de los de Salubridad como de los procuradores de justicia. Estos últimos le vendían los cuerpos del delito -la heroína- obtenidos durante las denuncias y confiscaciones. La red de corruptelas se complicaba cada vez que alguno de los inculpados abría la boca. El caso llegó a una confrontación intermedia cuando diversos agentes de la Policía Judicial Federal se constituyeron en dos bandos acusándose mutuamente de participar en el tráfico de drogas. Para agosto de 1937 los ánimos parecían un tanto más calmados y el caso fue abandonado por la prensa.

Sin embargo, a principios de 1938 nuevamente una zacapela entre agentes de policía y "Lola la Chata" en el cabaret Waikikí sacó a flote que el jefe de la policía de narcóticos del Departamento de Salubridad, el capitán Huesca de la Fuente, era uno de los principales traficantes de heroína en la capital. El escándalo fue mayúsculo a la hora en que el capitán se vio implicado no sólo con "Lola la Chata" sino con una tal María Dolores Naranjo que utilizaba a su hija de 12 años como medio para comerciar con la droga. Para colmo de males el mismo capitán trató de defenderse lanzando acusaciones contra el Jefe de la Campaña contra el Alcoholismo y otras Toxicomanías del Departamento de Salubridad, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra. Finalmente el capitán Huesca fue exonerado del cargo de traficar con drogas, sin embargo si se le consignó por los delitos de "falsedad" y abuso de autoridad. "Lola la Chata" y María Dolores Naranjo junto con su hija fueron liberadas, quedando la sensación de que las acusaciones contra Húesca se debían más bien a intrigas en el Departamento de Salubridad.

Las diferencias entre Huesca y el doctor Salazar Viniegra, luego trascendió, se debían no sólo a las sospechas de que el capitán estaba inmerso en el tráfico de heroína, sino también a la forma en que se debía tratar a los toxicómanos. Mientras el primero insistía en que se trataba de delincuentes y por ello debían enfrentarán problema de índole legal, el segundo afirmaba que eran enfermos y que había que darles un tratamiento distinto al carcelario. Ambos personajes representaban los lados opuestos de una discusión que en la realidad pronto perdería el galeno. La toxicomanía, vista como "delito contra la salud", merecía consideraciones tan radicales como las del Juez de Distrito en Materia Penal. Jorge Salazar Hurtado, que en 1937 proponía su tratamiento con medidas como:

a) Los que cometan por primera vez el delito de toxicomanía deberán ser internados, para su tratamiento de deshabituación, en un Hospital de Toxicómanos.

b) Los reincidentes en el delito deberán ser relegados perpetuamente en islas deshabitadas.

c) Los toxicómanos declarados incurables, serán condenados a esterilización de sus órganos genitales.

d) A los que cometan el delito contra la salud les deberán ser aplicadas penas cuyo término medio exceda de cinco años.

e) Tanto a los viciosos como a los traficantes de drogas se les incapacitará para el desempeño de cargos públicos, ejercicio de su profesión, si la tienen, ejercicio de la patria potestad, cargos de síndico y albacea...

En cambio el doctor Salazar Viniegra insistiría en marzo de 1939:

Los toxicómanos son enfermos y no delincuentes de tal suerte que debe tratárseles con la humanidad aconsejada por la ciencia médica, no sólo proporcionándoles el tóxico que usan, sino dándoles facilidades para que lo adquieran sin caer en las garras de los traficantes, quienes sí incurren en muy grave delito explotando las enfermedades de los demás.

Desde entonces el doctor Salazar tocaba el punto medular de la conversión de la toxicomanía en un problema social: el narcotráfico y su secuela de corrupción estatal. "El peligro para la sociedad no es el vicioso -insistía- sino el traficante que prácticamente está al margen de cualquier peligro porque cuenta con autoridades inmorales que lo toleran y hasta lo convierten en su cómplice; pues al vicioso, cuando se le remite al hospital para toxicómanos no es porque haya sido sorprendido inyectándose o inhalando, sino porque no dio la `mordida' solicitada por el agente policiaco".

La tesis de este médico, que hoy podría calificarse como "tolerante" o "a favor de la legalización" perdió, como decíamos, la batalla a la larga. Sin embargo, su posición quedó registrada no sólo en la lista negra de la Policía Judicial Federal y en los añales del mismo Departamento de Salud, sino también en las conferencias del Comité del Opio realizadas en Ginebra bajo el auspicio de la Sociedad de las Naciones a mediados de 1939. A estas conferencias asistió el doctor Salazar Viniegra sólo para darse cuenta que el espíritu de la intolerancia y el prohibicionismo ya llevaban un largo trecho recorrido bajo el impulso de los delegados norteamericanos y sus aliados.

El doctor Salazar Viniegra insistiría en su tolerancia hasta bien entrada la década de los cuarenta cuando los criterios prohibicionistas internacionales y nacionales arrasaron con toda posibilidad de tratar el asunto de las drogas con cierta racionalidad. Esos criterios terminarían también por imponerse entre las autoridades mexicanas.




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