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La inteligencia frente a la cuestión de las drogas La semana pasada, del seis al ocho de diciembre, asistí en Nueva Orleáns a la International Drug Policy Reform Conference, organizada por la Drug Policy Alliance, una coalición amplia y variopinta de organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos preocupadas por el...
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La inteligencia frente a la cuestión de las drogas

Jorge Javier Romero

Miércoles 12 de diciembre de 2007 (18/12/07)
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La inteligencia frente a la cuestión de las drogas



La semana pasada, del seis al ocho de diciembre, asistí en Nueva Orleáns a la International Drug Policy Reform Conference, organizada por la Drug Policy Alliance, una coalición amplia y variopinta de organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos preocupadas por el fracaso de la llamada guerra contra las drogas y que se han dado a la tarea de construir opciones diferentes para enfrentar la cuestión de las drogas.

En la conferencia internacional confluyeron mil doscientos delegados de distintos grupos. Ahí estuvieron los jueces, fiscales y policías que integran la Law Enforcement Against Prohibition, LEAP, una ONG dedicada a estudiar los males de la prohibición de las drogas y a buscar opciones legales más sensatas y adecuadas para enfrentar el consumo y el abuso de estupefacientes y sus consecuencias sociales; junto a ellos estaban también varios grupos de médicos, sobre todo psiquiatras, preocupados por los efectos catastróficos que la persecución tiene sobre los consumidores y los adictos y que plantean la necesidad de implementar políticas de reducción del daño, pues la clandestinidad no soluciona, sino que agrava los problemas de salud pública que representa el consumo de drogas (un ejemplo conspicuo es que la prohibición de comprar jeringas en las farmacias de los Estados Unidos provoca la reutilización entre los adictos a la heroína, con las consecuencias catastróficas que esto tiene en la transmisión del VIH y otras enfermedades como la hepatitis C). También participaron organizaciones de madres que han visto cómo sus hijos consumidores o adictos han caído en la cárcel en lugar de encontrar opciones educativas y de rehabilitación.

El denominador común de los conferencistas, entre los que también se encontraban los defensores de los usos medicinales de la mariguana y aquellos que defienden su utilización lúdica con argumentos sólidos sobre la relativa inocuidad de la cannabis frente a otras drogas legales, como el tabaco y el alcohol, era la del consenso sobre la estulticia de la visión puritana y represiva con la que se está enfrentado la cuestión de las drogas en el mundo, por imposición de la política norteamericana.

En la conferencia participó un representante de la agencia de la ONU contra las drogas, quien expuso la visión oficial imperante sobre el estado de la cuestión de las adicciones y sus problemas de salud. Desde su visión, en nada apartada del principio prohibicionista, se hicieron evidentes las contradicciones entre la necesidad de dedicar más recursos a la educación y a la prevención y la estrategia vigente, que se enfoca principalmente a la represión y, supuestamente, a la rehabilitación. Con él discutieron jueces, policías y psiquiatras que le expusieron datos duros sobre el fracaso de la guerra actual, sus efectos catastróficos sobre el tejido social y los pobres resultados de las terapias utilizadas para buscar la rehabilitación de los adictos; el representante de la ONU se mantuvo en sus trece, pero sus propios datos sólo mostraban la debilidad de la argumentación de los prohibicionistas, pues, por ejemplo, aceptó que la política de tolerancia seguida por los Países Bajos ha logrado estabilizar el consumo de drogas y, desde luego, no ha creado un boom de consumidores de mariguana.

La delegación mexicana fue de gran calidad. En la mesa dedicada a nuestro país hubo ponencias especialmente interesantes, como la de Luis Astorga, que expuso el fracaso de la guerra contra la delincuencia organizada y el tráfico desde los años cuarenta, la de Gadi Zabicky, enfocada a las debilidades de la rehabilitación de los adictos en nuestro país, la de Ana Paula Hernández, que describió con detalle la descomposición del tejido social que el narcotráfico y el mercado clandestino ha generado en las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, problemas agravados por la represión militar, o la de Humberto Brocca, enfocada a la búsqueda de nuevas estrategias de prevención de las adicciones frente a la fallida represión.

Jorge Hernández Tinajero expuso la iniciativa recién presentada por la diputada Elsa Conde, de Alternativa Socialdemócrata, quien también estuvo presente, para cambiar las penas a los consumidores de mariguana en nuestro país. La iniciativa, como comenté aquí la semana anterior, lo que pretende es crear sanciones educativas e informativas, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, en lugar de que quede a discreción de los jueces la posibilidad de mandar a un consumidor a la cárcel, de manera que se reduzcan los incentivos para la extorsión policial que sufren hoy muchos jóvenes consumidores de mariguana que no le hacen daño a ningún tercero con su conducta. Alejandro Madrazo , extraordinario joven jurista, respondió a las preguntas sobre la iniciativa que hicieron muchos de los interesados asistentes.

La iniciativa de Alternativa generó gran apoyo en la conferencia de Nueva Orleáns y atrajo el interés de grupos de abogados interesados en impulsar proyectos de reforma similares en los Estados Unidos. Ahora es necesario que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados entre pronto a dictaminar el proyecto y lo haga con seriedad y sin prejuicios. La experiencia de Nueva Orleáns muestra que existen en la sociedad civil del mundo visiones inteligentes alejadas del empecinamiento puritano y represivo de la política oficial contra las drogas.

Post Scriptum: al llegar me encuentro con los patéticos resultados del espectáculo montado en la Cámara de Diputados para la selección de los aspirantes a consejeros del IFE. Evidentemente la evaluación realizada fue política, porque no creo que, por mencionara a alguien, Valentina Batres tenga ninguna credencial académica para evaluar a nadie. Pero una evaluación política debe dar razones claras, transparentes, y no descalificaciones genéricas o pretendidas calificaciones subjetivas. Ya me esperaba el fiasco del método.


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