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ABR
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Drogas: Oferta y Demanda
Este artículo avanza por dos vertientes: en primer lugar, por la de la campaña periodística contra México que se desató hace unos meses en Estados Unidos; en segundo lugar, por aquella que juzga que el problema del narcotráfico es un asunto de productores y consumidores por igual. Como escribe González de Cossío: la respuesta debe ser internacional porque la plaga es internacional.
La idea de escribir este ensayo surgió de la lectura de un artículo que apareció en la primera plana del diario The New York Times el día 18 de febrero de 1996 intitulado “Recomiendan a Clinton que señale a México por flujo de drogas”,[1] el cual, por decir lo menos, contiene una serie de distorsiones, omisiones y verdades a medias que debemos analizar y aclarar para ... 1997-04-01 Francisco González de Cossío, Artículo,Políticas
Narcotráfico
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Drogas: Oferta y Demanda
Francisco González de Cossío

Martes 1 de abril de 1997 (11/11/04)
Nexos Este artículo avanza por dos vertientes: en primer lugar, por la de la campaña periodística contra México que se desató hace unos meses en Estados Unidos; en segundo lugar, por aquella que juzga que el problema del narcotráfico es un asunto de productores y consumidores por igual. Como escribe González de Cossío: la respuesta debe ser internacional porque la plaga es internacional.

La idea de escribir este ensayo surgió de la lectura de un artículo que apareció en la primera plana del diario The New York Times el día 18 de febrero de 1996 intitulado “Recomiendan a Clinton que señale a México por flujo de drogas”,[1] el cual, por decir lo menos, contiene una serie de distorsiones, omisiones y verdades a medias que debemos analizar y aclarar para ubicar la problemática de las drogas ilícitas en su contexto amplio y comprensivo.

Francisco González de Cossío. Embajador. Su último cargo fue cónsul general de México en Houston, Texas. Las opiniones y puntos de vista aquí expresados son extrictamente personales y no necesariamente coinciden con los de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El artículo se refería a que funcionarios del departamento de control de drogas de Estados Unidos (DEA) conminaban al presidente Clinton a que eliminara a México de la lista de países que están “cooperando” en la lucha contra el tráfico (nota: dice solamente “tráfico”) de drogas debido a que el país se ha convertido crecientemente en un surtidor muy significativo de cocaína, metanfetaminas, mariguana y heroína hacia el mercado de Estados Unidos. Señala el artículo que aunque no se ha tomado una determinación al respecto, de adoptarse la recomendación con toda seguridad vendría acompañada de una excepción (waiver) para que México continúe recibiendo “ayuda” (aid) estadounidense. Nos detendremos en este punto para examinar dos cuestiones fundamentales al respecto.

En primer lugar, hay necesidad de cuestionar la legitimidad del proceso mismo de “certificación”. Por ley,[2] el ejecutivo estadounidense tiene la obligación de publicar el primero de marzo de cada año la lista de países que cooperan en el esfuerzo para detener el tráfico de drogas ilícitas. Aunque es un acto soberano el promulgar leyes, en este caso significa una clara intromisión en los asuntos internos de los estados, pues “califica” la actuación de un gobierno extranjero en tal o cual materia y se erige en juez que examina y dictamina sobre la conducta de un gobierno soberano en base a su propia escala de valores, sus intereses y su propia concepción d elas cosas. Este acto de calificar gobiernos extranjeros viola los principios de la Carta Nacional de Naciones Unidas sobre la igualdad jurídica d elos estados y la no intervención en los asuntos internos de los estados, además de la hipocresía inherente en calificar la cooperación de otros estados sin calificar primero su propia actuación en la materia, la cual, como es ampliamente sabido, deja mucho que desear y será materia de análisis posterior.

En segundo lugar, el propósito mismo de la ley y el proceso de certificación: el condicionar la “ayuda” estadounidense, merece un análisis y comentario. De acuerdo con el diccionario Simon adn Schuster’s, aid significa, ayudar, auxiliar, asistir; como sustantivo: ayuda, asistencia, auxilio, socorro. De modo que si el ejecutivo estadounidense no certifica a México y no lo acompala del waiver querrá decir que no será sujeto de ayuda, lo que significa que ya no nos harán préstamos al 11% anual.[3] Si un préstamo hipotecario al 8 ó 9% anual (tasa corriente en los Estados Unidos) para compra de casa o el financiamiento para compra de automóvil al 5 ó 6% anual significa ayuda o socorro, entonces los compradores de casas y de autos son sujetos de “ayuda” por parte de los bancos e hipotecarias y éstos, por lo tanto, proporcionan asistencia financiera a sus clientes. Esta es la “ayuda” a la que se refiere el artículo.

Esto no quiere decir que no estemos agradecidos por el apoyo financiero del ejecutivo de Estados Unidos en momentos difíciles de falta de liquidez y de riesgo de no poder enfrentar nuestras obligaciones financieras de corto plazo. Para ser justos, hay que decir que el presidente Clinton ha sido un gran aliado de México e hizo una fuerte inversión política al proporcionar el auxilio financiero a México frente a un Congreso hostil dominado por adversarios partidistas que no sólo objetaban el apoyo a México[4] sino que cuestionaban el mismo Tratado de Libre Comercio. Pero esto es una cosa y otra que en el artículo en cuestión se insinúe que México recibe “ayuda” de Estados Unidos sin aclarar lo que quiere decir esa ayuda, o sea, préstamos al 11 ó 12% de interés anual, y que si no cooperamos con los Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas nos suspenderán tal ayuda. Hay que llamar a las coasa por su nombre; una cosa es ayuda según la ejerce la AID, Agency for International Development, no la aid a la que se refiere el artículo, y otra cosa es un préstamo con tasa de interés y un periodo de pago. México fue descalificado para ayuda en términos blandos desde hace muchos años y accede a los mercados financieros internacionales en condiciones competitivas y con un gran sentido de responsabilidad. México nunca ha dejado de cumplir sus obligaciones financieras internacionales.

El artículo The New York Times continua con una serie analogías contra Colombia y acredita el arresto por parte de las autoridades colombianas de miembros del Cartel de Cali al hecho de que en algún momento el Departamento de Estado estadounidense usó la descertificación para presionar a ese país. Este argumento se ha utilizado en últimas fechas para presionar a México con el fin de que aumente, desde el punto de vista estadounidense, sus esfuerzos para disminuir y detener el flujo de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. El artículo no deja de hacer referencias a la “frustración” de los oficiales estadounidenses en torno al creciente papel de México como proveedor de drogas ilícitas a ese mercado y al impacto que el tráfico mexicano de drogas supuestamente ha tenido en “el crimen, la miseria y la corrupción en ambos lados de la frontera”.

Después de este artículo sobrevino una actividad hemerográfica muy intensa en torno a la cuestión de la certificación por parte del gobierno de los Estados Unidos de los países que estaban cooperando o no en la lucha contra las drogas. Esto culminó unas cuantas semanas después de la publicación del informe respectivo del Departamento de Estado, que dejó una cauda de irritaciones y fricciones desgastante e innecesaria. Nos concentraremos tanto en The New York Times como en The Washington Post por ser periódicos que, además de tener una gran influencia en la opinión pública de Estados Unidos, son seguidos muy de cerca en México y en las capitales latinoamericanas. Además, el autor de este ensayo radicaba en ese entonces en Washington, D.C. y podía palpar de cerca el ambiente en torno a esta cuestión.

Como preparando el terreno para la serie de ataques que vendrían en los próximos días al acercarse la fecha límite para que el ejecutivo cumpliera con la disposición de certificar a los países antes del primero de marzo, tanto The New York Times como The Washington Post publicaron sendos artículos sobre el tema.5 El primero fue un articulo en el The New York Times titulado Reinado de sangre de las pandillas mexicanas de drogas.6 Ahí se narra el caso del barón de las drogas estadounidense, Juan García Abrego, quien no obstante haber nacido en La Paloma, Texas, cerca de la frontera con México, y a pesar de que el embajador de la Casa Blanca en México, James Jones, en su oportunidad dejó perfectamente en claro que no es mexicano sino estadounidense, los diarios mencionados continúan llamándolo mexicano. (Si García Abrego se hubiera destacado en el deporte y hubiera ganado una medalla olímpica, entonces sí sería “americano”.) El artículo se refiere básicamente a su arresto en enero y a su inmediata deportación a los Estados Unidos; a Houston para ser precisos.

El segundo artículo, “Los canarios cantan en México, pero no el tío Juan”,7 se refiere al caso de Juan N. Guerra dice al reportero que no “cantará”, osea que no dará información incriminatoria sobre su sobrino y sus secuaces, no obstante que fue su protector y se le señala como quien entrenó a su sobrino en el robo de automóviles antes de que le transfiriera todas sus operaciones ilícitas en diversos campos de la actividad criminal, pero no en tráfico de drogas. El meollo del artículo se refiere a las operaciones de estos grupos criminales y en particular a su forma de operación para la introducción de drogas al gran mercado. Se hacen paralelismos con los capos de Chicago y tiene el mismo fondo de todos los artículos: que los malos son los colombianos que producen la droga y los mexicanos que la trafican a Estados Unidos.

Los estadounidenses son sólo las víctimas de ellos y tal pareciera que los fuerzan a consumirlas, no sin antes traficarlas también al menudeo en las escuelas y calles de los Estados Unidos. Llama la atención cómo sobrestiman la capacidad mercadotécnica de los mexicanos.

El artículo del Times, es muy agresivo y con una gran dosis de hipocresía (hace caso omiso del aspecto consumo, que como veremos más adelante es el motor del tráfico de drogas y el condicionante del precio, de acuerdo al principio de la elasticidad de la demanda) mereció una atinada y oportuna respuesta, aunque publicada en _The Washington Post_- diez días después, como para que se pasara el impacto inicial y a la gente se le olvidara de qué se trataba, y sólo un día antes de la fecha límite para la certificación, por parte del agregado de prensa de la Embajada de México ante la Casa Blanca, titulada “Compromiso de México en la lucha contra las drogas”, 8

Ese preciso día, el mismo diario, también en la sección editorial, publicó un artículo del tipo opinión-editorial (OP-ED), sin firma, en el que se hace un análisis sobre las fuerzas que mueven al narcotráfico y critica al gobierno estadounidense de “recargarse demasiado contra los latinos”.9 El artículo es uno de esos raros casos en que la prensa estadounidense de vez en cuando recuerda que el problema de las drogas tiene también “otra cara de la moneda”, o sea, recuerda que alguien compra y usa esas drogas que los malhechores latinoamericanos plantan, refinan, transportan y meten al mercado estadounidense victimando a sus jovencitos (y otros no tan jóvenes en Wall Street y en Hollywood) y forzándolos a consumirlas.

Termina el artículo haciendo una aseveración a todas luces atendible en el sentido de que tratar de imponer estándares estadounidenses, en una sola vía, puede resultar contraproducente y pone en riesgo la cooperación con los países latinoamericanos en otras esferas, como la economía y la política, además de la lucha contra la cadena completa del cultivo-producción-distribución-consumo-lavado de dinero. Es tan obvio que casi suena a verdad de Perogrullo.

Así las cosas, llegó la hora sonada y el plazo para la acción del ejecutivo sobre el informe del Departamento de Estado10 se cumplió y el primero de marzo el ejecutivo estadounidense, después de muchos debates internos y con una gran presión del Congreso para no certificar a México, se pronunció a favor de la descertificación a Colombia y la certificación plena a México. Siempre sí nos ganamos la estrellita en la frente.

Los reportajes sobre el resultado del proceso aparecieron de inmediato en los dos periódicos que hemos venido reseñando. The Washington Post produjo dos artículos sobre el tema y The New York Times uno; el primero del Post se refiere directamente a la reprobación por parte de la administración Clinton a los esfuerzos de Colombia contra las drogas,11 acusándola de estar “infestada de corrupción de narcóticos”, revocando su eligibilidad para ayuda económica y cancelando el respaldo de Estados Unidos para préstamos por agencias financieras internacionales. En ese mismo artículo se hace referencia a México diciendo que la administración de Clinton concluyó que México había “cooperado plenamente” con los esfuerzos antidroga de los Estados Unidos “a pesar de evidencia reciente que apunta que México continúa siendo un país de importancia para el tránsito de narcóticos”. Continúa el artículo señalando que algunos funcionarios cercanos a Clinton le sugirieron el “el caso político” de no certificar a México pero sí continuar con la ayuda, o sea, el waiver a la asistencia financiera, para así enviarle una “señal” acerca del compromiso antidrogas de Clinton. Prevaleció el punto de vista de que el gobierno mexicano había hecho más, no menos, esfuerzos para controlar el tráfico internacional de drogas y que había razones poderosas de política exterior para conservar el status de México (de certificación). El segundo artículo de Post se refirió más al caso del presidente colombiano Ernesto Samper y su predicamento doméstico en torno a la crisis política por la que atravesaba por acusaciones de haber recibido dinero de los carteles colombianos durante su campaña presidencial.12 El artículo cita a un furibundo Samper diciendo que “en la guerra contra las drogas nosotros ponemos el dinero y los muertos y otros se reservan el derecho de sentarse a juzgarnos”. El artículo no menciona a México.

El artículo de The New York Times se encabeza también con la decisión de descertificar a Colombia:13 “Clinton declara que Colombia ha fracasado en reducir el tráfico de drogas” y de inmediato añade que Clinton certificó a México, “un importante socio comercial”, por cooperar con los esfuerzos internacionales para detener el tráfico de narcóticos, “aun a pesar de haberse convertido en un conducto mayor para drogas ilícitas hacia los Estados Unidos”. El artículo se refiere también al informe del primero de marzo del Departamento de Estado, un abultado documento de 598 páginas 14 que reporta el estado del tráfico de narcóticos alrededor del mundo con detalles sobre lo que más de 140 países han hecho en materia de control de drogas. El informe no incluye a los Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas ilícitas del mundo y el mayor productor de mariguana,15 además de ser también país de tránsito. Un total de 22 países, incluyendo México, fueron certificados entre un total de 31 países calificados como países de tránsito de drogas: Estados Unidos tampoco está incluido como país de tránsito de drogas. Belice y Cambodia fueron incluidos por primera vez en el informe. Afganistán, Brma, Irán, Nigeria y Siria corrieron la misma suerte que Colombia; y Líbano, Paraguay y Pakistán tampoco fueron certificados pero fueron solamente advertidos bajo una disposición que permite cancelar las sanciones si ello responde a “intereses vitales nacionales”. Al respecto, el subsecretario de Estado para Asuntos Globales, Timothy E. Wirth, fue citado en el artículo diciendo que “algunos países encontrarán los resultados [del estudio] difíciles de tragar, pero creemos que no podemos resolver los problemas sin primero ser honestos acerca de ellos e identificarlos”. Sin comentario.

A diferencia de Colombia, en el artículo describen al presidente de México Ernesto Zedillo como honesto y sincero en su intento por reducir el involucramiento de su país en narcóticos, “a pesar de la evidencia del papel creciente de México en la promoción y venta de drogas y en la corrupción en el sistema de impartición de justicia” (sic).

Al día siguiente, en la sección editorial y de opinión del importante diario neoyorquino Wall Street Journall (WSJ), el tristemente célebre senador republicano Jesé Helms, republicano de Carolina del Norte, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y legislador distinguido por sus vitriólicos ataques a México durante el proceso de aprobación del Tratado de Libre Comercio, publicó un artículo titulado “El desafío a Colombia”.16 Ahí recordó que un año atrás había advertido que Colombia estaba degenerando en un narco-democracia y había desafiado al presidente Ernesto Samper a que se decidiera si se unía al conjunto de naciones civilizadas que combatían la droga o entraba en alianzas con los carteles de drogas para convertirse en una nación paria como Irán y Libia. Ahora afirmaba que Samper había ya tomado su decisión: se ponía del lado de los carteles, por lo que “el presidente [Clinton] había establecido las sanciones en contra del narco-corrupto gobierno de Samper por su complicidad en el envenenamiento de millones de americanos con narcóticos letales”.

Para fundamentar sus acusaciones, Helms arroja algunas cifras: “Sólo en 1995 –dice- le costó a los contribuyentes de Estados Unidos la cantidad de 70,000 millones de dólares en tratamiento de adictos, combate al crimen, construcción de prisiones y mantenimiento de presos y otros costos”. “Las drogas –añade- se encuentran en la raíz del flagelo del crimen violento en los Estados Unidos –más de una tercera parte de los crímenes violentos son cometidos por drogadictos”-. En síntesis, de acuerdo al Sr. Helms, la narco-corrupción es una amenaza al imperio de la ley en Colombia y a los intereses vitales de los Estados Unidos; “tal y como los carteles envenenan la democracia colombiana, así también envenenan las escuelas, las calles y a los niños estadounidenses”.

Citamos este artículo porque son los mismos argumentos que el Sr. Helms endereza contra México y los mismos que usó antes de la fecha límite del informe del Departamento de Estado para intentar impedir que certificaran a México; además, por lo extraordinario de su naturaleza, pone de manera simple y llana la culpa en Colombia y en sus carteles por la adicción a las drogas que se padece en su país (y por supuesto en los mexicanos que la transportan al norte del río Bravo); o sea, no admite que haya ninguna culpa por parte de los consumidores y traficantes dentro de los Estados Unidos. Como decía el subsecretario Wirth, hay que ser honestos en la identificación de los problemas si en verdad tratamos de resolverlos.

Pocos días después, el viernes 8 de marzo, un artículo en la sección internacional de The New York Times titulado “La decisión sobre México en drogas suscita oposición en el Congreso”17 daba cuenta de los esfuerzos que se llevaban a cabo en unas audiencias en las cámaras alta y baja del congreso estadounidense para intentar dar reversa a la decisión del ejecutivo de certificar a México, aduciendo que “el país había hecho muy poco para clausurar la enorme tubería de cocaína y otros narcóticos ilegales establecida a través de la frontera hacia los Estados Unidos”. En las discusiones salió a colación que la administración Clinton había optado por privilegiar el comercio internacional y las metas de política exterior por arriba de la lucha contra las drogas y había decidido “apoyar a un país que es un socio comercial de importancia y recipiente de una ayuda financiera de 20,000 millones de dólares para apoyar el tambaleante peso”. Según el artículo, las deliberaciones previas a la certificación fueron feroces y duraron varias semanas y en ese periodo el gobierno mexicano envió una nota privada a funcionarios de la administración Clinton –además de varias visitas de altos funcionarios mexicanos a Washington- prometiendo esfuerzos más agresivos sobre asuntos de narcóticos, apoyo a la legislación contra el crimen organizado y el lavado de dinero, y una rápida y efectiva aplicación de esas leyes una vez que se hayan aprobado.

Aprovechando la cauda de opinión pública generada por el tratamiento periodístico, y por otros medios, del proceso de certificación por parte de los Estados Unidos al resto del mundo, la célebre corresponsal de la revista Time y autora del libro “Desesperados”,18 dedicado al muy sonado caso del asesinato del agente estadounidense de la DEA, “Kiki” Camarena, Elaine Shannon, publicó en The Washington Post un artículo titulado “Narco-Gnomos de México”,19 en el cual afirma que México se ha convertido en el centro más importante de lavado de dinero proveniente de las operaciones de venta al menudeo de drogas ilícitas en los Estados Unidos, y describe una operación ficticia por la cual el efectivo obtenido en el suroeste de los Estados unidos por la venta de drogas es transferido por camiones a Tijuana en donde es depositado en un banco en el centro de la ciudad, sin recibos ni preguntas ni comprobantes; de ahí, parte es depositado en bancos en la Ciudad de México, enviado por cable a bancos en Cali, Colombia, para pagar a proveedores; a Houston para depósito en la cuenta de algún comandante predilecto mexicano; a Nueva York, Europa y Hong Kong para invertir en acciones en la bolsa, etc.

De ahí que Shannon califica (o descalifica) a México como el “hoyo negro”: en Panamá de los noventa. Cita a Tom Constantine, administrador de la DEA, afirmando que “una vez que el dinero entra a México, no hay sistema, hay muy pocos registros; entra a los bancos y nadie lo puede rastrear”. De hecho da cifras: afirma que alrededor de 10,000 millones de dólares pasan por México (datos de 1993), del 75 al 90% de los ingresos de los “carteles latinos” de drogas, fundamentando su afirmación citando datos del FINCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.20

Shannon continúa su agresivo artículo tratando de suavizar su trato a México al citar el informe anual del Departamento de Estado antes mencionado,21 cuando afirma que “el presidente Ernesto Zedillo...ha dado algunos pasos para reforzar la cooperación bilateral y erradicar la corrupción oficial, pero la corrupción endémica continúa debilitando tanto las iniciativas de política como las operaciones de aplicación de la ley”.

Típicamente, en su muy sesgado artículo Shannon no menciona el papel que juega Estados Unidos como centro principal de lavado de dinero, ni dice algo sobre los carteles de distribución al menudeo dentro del país, como si al entrar la droga a los Estados Unidos ésta se distribuyera como por arte de magia en las escuelas, en las oficinas, en las calles. Este es otro ejemplo de una larga serie en que toda la culpa va a los carteles de producción y distribución de drogas ilícitas y ni mención se hace de quienes la compran y las consumen. Aunque es de sentido común: para que haya una venta debe haber alguien que compre del otro lado. A base de repetición tras repetición y de machacar hasta el cansancio que los malos son los traficantes, el pueblo estadounidense acaba por creer lo que ad infinitum se le repite, cuando lo lee en sus periódicos, cuando lo ve en la televisión –como en la infame serie de una de las tres grandes cadenas televisivas estadounidenses sobre Camarena conducida por Tom Brokaw-, cuando se lo dicen sus legisladores, cuando lo ve en las películas. Si hiciéramos una encuesta rápida en los Estados Unidos pidiéndoles a los entrevistados que describan a un terrorista, éstos sin vacilar describirían a un árabe musulmán; y si se les pidiera la descripción de un narcotraficante rápidamente dirían que es un colombiano o un mexicano. Este es el resultado de aplicar técnicas de mercado al modelo perverso de la opinión pública.

Viene otro hiato periodístico y el 28 de abril The Washington Post publica uno de los artículos más largos, detallados y dañinos para la imagen de México que el autor de este ensayo haya tenido conocimiento. Titulado “El imperio de las drogas en el Norte de México”,22 los autores describen cómo “la dinámica cambiante del tráfico internacional de drogas ha convertido esta zona, antaño conocida por su economía pujante, su industria manufacturera en expansión y su sistema político progresista, en una tierra de lavado de narcodólares, azotada por violencia y corrupción...una región que continúa en expansión creando empleos al tiempo en que el resto del país se hunde en la bancarrota con negocios en colapso, recesión y desempleo”, atribuyendo este desarrollo a la estrecha relación entre el dinero de la droga y los negocios legítimos, difícil de separar.

Lo realmente extraordinario del artículo, pues su parcialidad y negatividad es típica en el tratamiento a México en relación a las drogas ilícitas, es la relatoría detallada y vívida que hace de los cuatro carteles principales de la droga en México. Con mapas y datos que crean la impresión de objetividad y buen periodismo, los autores describen en considerable detalle la ubicación, funcionamiento y liderazgo de los carteles de la droga en el norte de México: el cartel de Tijuana, el cartel de Sonora, el cartel de Juárez y el cartel del Golfo.

El artículo dice muchas otras cosas que no vamos a reproducir aquí, pero algunos de sus pasajes más relevantes afirman que 250 familias son las que controlan este fabuloso negocio que según diversas fuentes produce desde 10,000 hasta 30,000 millones de dólares anuales, infiltrados en la economía local corrompiendo gobiernos locales, estatales y nacional. Habla de aviones Boeing 727 usados para transportar droga de Colombia a las pistas clandestinas en los desiertos del norte de México; habla de palacios, discotecas, ranchos, estilos de vida, clubes de golf y, por supuesto, de pandillas, asesinatos, prostitución, juego, corrupción policiaca, contubernio con autoridades. Le extraña al autor de este ensayo que el renombrado escritor de mafias y padrinos, Mario Puzzo, no haya escrito aún una novela sobre este fantástico mundo de policías y ladrones.

Pero el artículo no habla de carteles dentro de Estados Unidos.

Como decía un destacado embajador mexicano: ¿dónde está el cartel del Potomac? O dicho de otra manera, ¿quién distribuye la droga dentro de Estados Unidos? ¿No hay carteles de distribución al menudeo? ¿O al menos canales y sistemas eficientísimos de mercadeo al detalle?23 El autor de este ensayo recuerda que en 1994 el entonces “Zar” de la droga en Estados Unidos, el Sr. William Bennet, reconocía que el tráfico y consumo de la droga al año anterior representó en su país un negocio de 135,000 millones de dólares.24 ¿Quién obtiene ese dinero? ¿Qué hacen con esas ganancias? ¿Dónde están? ¿En qué las invierten?.

Si fueron 135,000 millones en 1993, ¿cuánto será en 1996? Además, son acumulables, es decir, son cantidades anuales, por lo que en una década estaríamos hablando de más de un billón de dólares, cifra que desafía la imaginación.

Para finalizar el análisis de la actividad periodística en Estados Unidos desatada por el proceso de certificación de 1996, mencionaremos un largo y detallado artículo, esta vez publicado en The New York Times el 12 de mayo de 1996: “Soborno y publicidad marcan la caída de un barón mexicano de la droga”.25 El artículo se ocupa del arresto y deportación del capo de la droga Juan García Abrego.

El artículo trata de poner al descubierto la intrincada red de extorsiones y corrupción a todos los niveles por la cual una operación relativamente primitiva se convirtió, en alianza con el cartel de Cali, en una de las operaciones de tráfico de drogas, principalmente cocaína, más eficaces y temibles del mundo y que involucró miles de millones de dólares en ingresos. El personaje central es, por supuesto, el estadounidense Juan García Abrego, pero se mencionan docenas de nombres, desde soplones, dobles agentes, oficiales de la ley, hasta procuradores de justicia y presidentes. Como es sabido, García Abrego, enfrentando cargos por tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero, asesinato, asociación delictuosa, cohecho de agentes de la ley, etcétera, fue juzgado y encontrado culpable, y hoy purga una pena de once cadenas perpetuas concurrentes, además de millonarias multas.

Hasta aquí la reseña de la ola periodística desatada en Estados Unidos por el proceso de certificación de 1996. No quiere decir que no hubiera más artículos o que no los hubo en otros países; de hecho, en México se generó una especie de paranoia en torno a esta cuestión y casi no hubo día en que un columnista o un artículo editorial no se refiriera a este asunto, con pronunciamientos de todos los frentes, tanto de los poderes ejecutivo y legislativo, como de formadores independientes de opinión. El proceso de certificación de 1997, recientemente concluido con los resultados por todos conocidos, fue muy similar y será objeto de un posterior análisis, pues éste es un problema anual recurrente, como hemos señalado párrafos arriba.

Ahora bien, México no debe sobrerreaccionar ante esta cuestión. Tampoco ignorarla, sino darle la dimensión correcta. No sobrerreaccionar porque es darle excesiva importancia al asunto y, de alguna manera, legitimarlo. Ni ignorarlo del todo porque el que calla ortorga; nos afecta y daña nuestra imagen internacional y la vecindad que nos une con ese país nos obliga a tomar en cuentas sus legislaciones y a exponer nuestros puntos de vista. No olvidemos que la certificación es una obligación impuesta al ejecutivo estadounidense por medio de una ley promulgada por el poder legislativo y el jefe del ejecutivo la tiene que acatar año con año, le guste o no. Es así como debemos verlo y no reaccionar como si el país en su conjunto nos estuviera calificando.

Tampoco debemos caer en el mismo juego y a su vez nosotros descertificar -en una especie de política-espejo- a aquellos países que no están haciendo lo suficiente para reducir el consumo de drogas ilícitas; pero sí podríamos proponer, por ejemplo, que el Senado de la República realice un análisis y un debate parlamentario, serio, sin estridencias, sobre la problemática en su conjunto, conminando a los países consumidores a hacer mayores y más tangibles esfuerzos para reducir la demanda de estupefacientes.

Una solución realista y seria debe invocar el problema en su conjunto, desde la siembra y producción hasta el consumo y el lavado de dinero, pero sin darle igual peso a todos los factores.26 El consumo ha sido, es y será el motor del tráfico de drogas; nadie se molestaría y arriesgaría en llevar drogas a ese mercado si no hubiera una gran demanda y una disposición a pagar sumas elevadas para obtenerlas. La problemática de las drogas no es una cuestión policiaca; es una cuestión de salud básicamente y se comporta de acuerdo a la más pura y clásica versión de la ley de la oferta y la demanda. Cualquier estudiante de primer año de economía advertiría que el tráfico de drogas no es distinto al tráfico de cualquier otra mercancía: se oferta porque ha demanda y se determina el precio dictado por la intersección de la curva de la oferta y la demanda; la curva de la oferta está conformada por la intercepción y prohibición, que eleva y hace costosa, y la curva de la demanda está conformada por una necesidad altamente afectada por el carácter adictivo de la sustancia en cuestión. Resultado un alto precio. Así de simple.

La guerra contra las drogas, tal y como se lleva a cabo, se está perdiendo. Basta con ver las estadísticas de la producción y el consumo. Atacar el problema por el lado de la oferta no es suficiente.

Si bien es importante combatir frontalmente al narcotráfico, también lo es acatar todos los aspectos de la problemática. Los gobiernos de los países tanto consumidores como productores y de tránsito deben continuar la guerra contra los capos y no caer solamente en poses y actitudes que son atractivas desde el punto de vista periodístico y propagandístico. No basta acabar con los actuales barones de la droga; otros vendrán y llenarán ese hueco de oferta. Mientras subsista la demanda habrá oferta; ésta es una ley inderogable. Incluso podríamos afirmar que el problema de las drogas es un caso particular de la ley de la oferta y de la demanda, como lo es el problema de la migración ilegal. Se abrirían nuevas rutas de introducción, nuevos métodos de mercadeo y nuevas gentes aparecerían atraídas por las fabulosas y rápidas ganancias; se diseñarían nuevas drogas en el laboratorio, como las anfetaminas o el speed. Si Colombia deja de producirlas y México de traficarlas, otros países entrarían a sustituirlos. La historia así lo ha demostrado. Desde el tráfico de enervantes y especias en la época de Marco Polo hasta el dominio del tráfico de opio por los ingleses y su introducción y posterior legalización en China; desde el consumo del cat en el Yemen que los romanos denominaron Arabia Felix por esa afición, hasta el triángulo de oro en el sudeste de Asia; desde la conexión francesa hasta el cultivo de la coca en Bolivia y Perú hasta los laboratorios de Colombia; y desde la canabis marijuana mexicana hasta el gusto por las sustancias sicotrópicas de los hippies de San Francisco en los sesentas, siempre ha habido alguien dispuesto a satisfacer ese gusto por los enervantes. ¿Qué debemos hacer entonces?

La cooperación internacional es la respuesta. Porque internacional es el problema. Pero se trataría de una cooperación internacional en la que todos reconozcamos nuestra participación y nuestro papel, y otorguemos al consumo una responsabilidad mayor que a los demás eslabones de la problemática, para no caer en esa peculiar visión hollywoodesca de buenos y malos. Este es el primer paso que deben dar los principales países consumidores; es un paso difícil pues representa romper la posición, abanderada durante muchos años, de echarle la culpa a los narcotraficantes; hay, además, muchos intereses en juego que obstaculizan enormemente adoptar esta posición de humildad y veracidad, sobre todo por el ambiente anti-mexicano y anti-colombiano que reina en influyentes e importantes sectores del Congreso estadounidense y que se manifiesta agudamente cada año en el proceso de certificación. El proceso de certificación de 1997 no fue la excepción y, como hemos visto, estuvo inmerso en medio de escándalos políticos de una magnitud inédita en los anales del periodismo mexicano.27

Quizá una manera de encarar el problema sea descriminalizado o despenalizado el consumo de la droga; no legalizándola per se, al menos no ahora, pues requiere de un estricto control y de un ambiente político más despejado, sino quitándole el carácter altamente criminal que tiene, y que lo único que produce es elevar el precio de las drogas atrayendo a los delincuentes del narcotráfico; de esta manera se reduciría considerablemente el atractivo de producirlas y mercadearlas. También éste es un paso muy difícil, pues políticamente significaría tolerar algo claramente dañino a la sociedad –aunque el alcohol y el tabaco también lo son-28 y no se vislumbra en el futuro cercano esa voluntad e inversión política necesaria para encarar un problema que aflige al mundo y que representa un negocio global de alrededor de 500 mil millones de dólares.29

Dos pasos importantes se han dado hasta ahora para contener el problema; uno de ellos, a nivel bilateral con los Estados Unidos, es la creación del GCAN, o Grupo de Contacto de Alto Nivel para el Control de Drogas México-Estados Unidos,30 y el otro, a nivel internacional, es la convocatoria a una conferencia de Naciones Unidas para definir una estrategia para combatir el problema de las drogas ilícitas.31

No se puede eliminar el consumo y la producción de sustancias sicotrópicas; se pueden controla. La historia así lo ha demostrado.

Desde sus albores la humanidad ha mostrado una afición a las sustancias alteradoras de la mente, quizá como una forma para evadir una dura realidad, para reducir el dolor o para simple esparcimiento. Se puede reducir considerablemente a base de educación y programas preventivos, pero sobre todo descriminalizando, pues ello disminuiría el incentivo económico de las enormes utilidades derivadas de su venta al mayoreo y menudeo, y con ello la oferta. En síntesis, se puede atenuar el problema atacándolo por ambos lados: por el lado de la demanda por medio de educación y programas preventivos, enfatizando que se trata de una cuestión de salud; por el lado de la oferta, descriminalizando el consumo de la droga para reducir el incentivo de la enorme ganancia. Nótese que hablamos realistamente de “atenuar” el problema y el “reducir” la demanda y la oferta. Es imposible eliminar el consumo de sustancias sicotrópicas; una simple mirada histórica retrospectiva nos lo demuestra fehacientemente.

Pero sí podemos reducirlo y controlarlo, como se controló el alcohol en Estados Unidos después de la prohibición y como controlaron los chinos la opiácea amapola después de la infame “guerra del opio” de los ingleses.

[1] “Clinton Urged to Cite Mexico For Drug Flow”, The New York Times, domingo 18 de febrero, sección internacional.

[2] La ley en cuestión es la Foreign Assistance Act que vincula la conducta de los países con la ayuda estadounidense.

[3] Tasa aproximada de interés a la cual la Tesorería de Estados Unidos proporcionó a México un financiamiento de 20,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 12,500 millones habían sido desembolsados a la fecha de la preparación de este artículo, como parte del paquete de rescate a raíz de la crisis financiera de diciembre de 1994. México ha manifestado que ya no ejercerá el resto de la línea de crédito y de hecho ha realizado ya sus pagos en su totalidad con más de 3 años por adelantado: 9,000 millones en varios pagos durante 1995-1996 y los últimos 3,500 en los primeros días de enero de 1997, además de 1,500 millones de dólares de prepago al Fondo Monetario Internacional.

[4]Señaladamente los senadores Alfonse D’Amato, republicano, y Diana Feinstein, démocrata.

5 Muchos otros periódicos en México y en los Estados Unidos, y seguramente en Europa y Latinoamérica, estuvieron cubriendo este tema; sin embargo, nos concentramos en estos dos diarios por su importancia y por su influencia en estos asuntos, además de su amplia distribución en casi todo el mundo.

6 “Mexican Drug Gang’s Reing of Blood”, The New York Times, domingo 4 de febrero de 1996, sección internacional.

7 “Canaries Sing in México, but Uncle Juan Will Not”, The New York Times, viernes 9 de febrero de 1996, sección internacional.

8 Víctor Avilés (Ministro de Prensa y Relaciones Públicas, Embajada de México en Washington): “Mexico’s Commitment to Fighting Drugs”, en The Washington Post, jueves 29 de febrero de 1996, sección editorial.

9 “Learning on the Latins”, The Washington Post, jueves 29 de febrero, 1996, sección editorial.

10 US DEPARTMENT OF STATE. U.S. Departament of State International Narcotics Control Stategy Report, March 1996. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. El informe se intitula: INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL STRATEGY REPORT. MARCH 1996, y el capítulo correspondiente se intitula: CANADA, MÉXICO AND CENTRAL AMERICA.

11 “US Faults Colombia’s Drug Effor”, The Washington Post, sábado 2 de marzo de 1996, primera plana.

12 “U.S. Deepens Bogota Leader’s Crisis”, The Washington Post, misma fecha, pág. A.16.

13 “Clinton Declares That Colombia Has Failed to Curb Drug Trade”, The New York Times, sábado 2 de marzo, 1996, primera plana.

14 Ver nota 12

15 Fuente: Drug Enforcement Agency (DEA): National Narcotics Intelligence Consumer Committee, 1994, “The Suplí of Illicit Drugs to the United States”, August, 1995. Entre otros datos, este informe asegura que el 25% del consumo de mariguana en los Estados Unidos proviene de plantas cultivadas en el país.

16 “The Challenge to Colombia”, Wall Street Journal, 3 de marzo, 1996, sección de opinion y editorial.

17 “U.S. Decisión on México Drugs Draws Opposition in Congress”, The New York Times, 8 de marzo de 1996.

18 Elaine Shannon: Desesperados, Latin Drug Lords, U.S. Lawmen, and The War America Can’t Win.

19 “Narco-Gnomes of México”, The Washington Post, Sunday, March 17, 1966.

20 Treasury Departamet’s Financial Crimes Enforcement Network.

21 Ver nota 11.

22 Molly Moore and John Anderson: “The Drug Fiefdom of Northern Mexico”, The Washington Post Foreing Service, 28 de abril de 1966.

23 Clifford A. Schaffer, en su artículo “Basic Facts About the War on Drugs”, estima que si aceptamos la definición de traficante de drogas como todo aquel que pasa una droga ilícita a otra persona, entonces hay entre 12 y 40 millones de traficantes de droga en los Estados Unidos.

24 En un discurso en Houston, ante una agrupación hispana y con la presencia de la entonces gobernadora de Texas, Ann Richards, cuando el autor de este ensayo era el Cónsul General de México en esa ciudad.

25 Sam Dillon: “Bribes and Publicity Mark Fall of Mexican Drug Lord”, The New York Times, 12 de mayo de 1996, primera plana, artículo principal con fotografía de Juan García Abrego.

26 Es preciso aclarar que el debate sobre si la responsabilidad recae en la oferta o en la demanda es un debate ya realizado y parcialmente superado. No pretendemos aquí ser los descubridores del papel de la demanda en la problemática de las drogas ilícitas. Este es un tema discutido bilateralmente y multilateralmente y de hecho se ha convocado ya a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU para atacar todos los aspectos del problema. Sin embargo, el autor está convencido que si bien se ha adoptado el concepto de la co-responsabilidad en el problema, esto es, la producción, tráfico y consumo, ésta recae con diferente peso en los factores intervinientes, teniendo el consumo un mayor peso.

27 En un ensayo por separado describiremos el proceso de certificación de 1997 con su reseña hemerográfica por los diarios estadounidenses y mexicanos.

28 Clifford A. Schaffer, op. cit., citando dattos del NIDA, afirma que mientras en un año típico alrededor de 526,000 estadounidenses mueren por causa del alcohol y el tabaco, incluido el fumador pasivo o de segunda mano, sólo 4,500 personas mueren por drogas ilícitas, o sea, menos del 1% del total de muertes por sustancias controladas.

29Estimado de la agencia de Naciones Unidas encargada del estudio del problema de las drogas.

30Creado en marzo de 1996 como seguimiento del acuerdo alcanzado entre el presidente Zedillo y el presidente Clinton en la visita del primero a Washington para crear un grupo de trabajo de alto nivel para fortalecer la cooperación en el combate al narcotráfico y reducir el consumo de drogas ilícitas. A la fecha se han celebrado 3 reuniones: la primera el 27 de marzo de 1996 en México, DF, la segunda el 30 de julio en Washington, D.C. y la tercera el 10 y 11 de diciembre de ese mismo año en México, DF.

31En abril de 1996, en Viena, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, recomendó a la Asamblea General la convocatoria para 1998 de un periodo extraordinario de sesiones dedicado a promover la cooperación internacional en contra de las drogas ilícitas. La conferencia, cuyo nombre real es Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General Dedicado al Combate Contra la Producción, la Venta, el Tráfico y la Distribución Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y Actividades Relacionadas, se llevará al cabo en la primera quincena de junio de 1998.




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