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La política de drogas, discusión abierta :: Drogas México
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Jorge Javier Romero

Un cambio probable en la política de drogas de los Estados Unidos
La política de drogas, discusión abierta
La inteligencia frente a la cuestión de las drogas


En medio de la guerra -con más muertos en lo que va del año que en Afganistán, donde los Estados Unidos combaten a su archienemigo Al quada y sus socios Talibán-, por fin se ha abierto la discusión sobre el tema de los fundamentos de la política de drogas. Hasta ahora, el gobierno había...
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La política de drogas, discusión abierta

Jorge Javier Romero

Miércoles 15 de octubre de 2008 (05/01/10)
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En medio de la guerra -con más muertos en lo que va del año que en Afganistán, donde los Estados Unidos combaten a su archienemigo Al quada y sus socios Talibán-, por fin se ha abierto la discusión sobre el tema de los fundamentos de la política de drogas. Hasta ahora, el gobierno había planteado genéricamente la justeza de su enfrentamiento a muerte con el narcotráfico porque había que evitar que las drogas llegaran a los hijos de los ciudadanos. No había ninguna otra reflexión detrás, pues el principio de fundamental es que el Estado prohíbe las drogas porque son malas. Esta explicación puede estar bien para hacerse propaganda, pero es absolutamente ineficaz tanto desde la perspectiva de la argumentación jurídica como desde la más relevante de los efectos en los términos de política pública orientada a un objetivo específico de proteger la salud de la población.
La iniciativa presidencial sobre narco menudeo tiene la gran virtud de plantear una diferenciación elemental: la que separa a los consumidores y adictos de los narcotraficantes. Ese es un paso substancial para la construcción de un nuevo modelo de política de drogas que regule los mercados y no convierta en criminales a quienes no lo son. El Estado debe sin duda perseguir a quienes violan la ley, por el simple hecho de que lo hagan. Y si estos se resisten con las armas y se organizan para desafiar una prohibición estatal, sea ésta cual sea, el Estado debe perseguirlos sin cuartel, pero por el simple motivo de retar a la organización que debe tener el monopolio de la violencia. Eso no está en duda. La discusión está en si se trata de una prohibición que cumple su objetivo último o, en cambio acaba tratando de constreñir artificialmente la oferta, en lugar de atender la demanda formada por una parte significativa de la población que o bien decide libremente su consumo o está enganchada a alguna droga.
La iniciativa presidencial tiene ese buen principio, pero se vuelve irreal cuando fija cantidades que no corresponden a los consumos realmente existentes, bien conocidos. De ahí a que se pueda convertir en un nuevo elemento para la extorsión policíaca hay un pequeño paso. Además pone énfasis no en la información -la advertencia si se quiere- sobre las consecuencias de determinado consumo, sino el la obligatoriedad de la rehabilitación, estrategia conocida por su ineficacia entre los médicos y simplemente no considerada por los grupos de autoayuda, que basan su eficacia en la voluntad del participante.
El enfoque central es adecuado, pero requiere de mejoras sustantivas para ser considerada como un avance en la dirección correcta. Mejor, a pesar de centrarse sólo en la cannabis, es la iniciativa anunciada por el líder de la mayoría de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En primer lugar, se plantea a partir del derecho de iniciativa legislativa federal que constitucionalmente tienen los congresos locales; eso ya la hace de suyo interesante desde el análisis jurídico. Pero se trata además de una iniciativa que a primera vista parece bien construida.
Antes, la diputada Elsa Conde había presentado una muy buena propuesta sobre el cambio de penas a los consumidores de mariguana. Con gran cuidado para no contradecir los tratados internacionales, lo que hubiera hecho inviable siquiera la discusión de lo propuesto, aquella iniciativa echaba mano del sentido educativo y de rehabilitación que por mandato constitucional debe tener el sistema penal mexicano y creaba sanciones educativas para los consumidores de cannabis.
La iniciativa que impulsaría la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendría la fuerza política de un órgano del Estado que por mandato mayoritario estaría solicitando al Congreso Federal la discusión del tema con argumentos jurídicos sólidos.
Es evidente que la política actual es fallida. La encuesta nacional de adicciones, a pesar de los defectos de su elaboración, muestra la existencia de un fenómeno social y de salud que no es manejable desde el prohibicionismo simple, pues la demanda es tal que existe suficiente dinero como para que sea tomada como opción de negocio por organizaciones especializadas en desafiar al Estado.
El enfoque de la política de drogas tendrá que ir girando, como ya empezó a hacerlo, hacia la regulación estatal del mercado, la educación, la prevención, la reducción del daño y, en última instancia, a la rehabilitación.
Pero por ahora lo sustancial es que quede claro que el consumidor no es un delincuente. Puede ser que cometa actos delictivos asociados a su consumo, como manejar y poner en riesgo a los demás. Ahí su consumo podría ser un agravante de su conducta, pero no un delito en sí mismo. Se trata de regular con eficacia todas las drogas, tanto las que ahora son legales como las ilegales, para evitar los daños a la salud pública, pero con respeto a las decisiones personales de consumo, como ocurre hoy con el tabaco.
Es evidente que la discusión en torno a las drogas debe salirse de los límites impuestos por una visión policial, para convertirse en un debate de salud, de derechos y libertades, de eficacia de las políticas. Todo ello sólo es posible si se abordan los temas desde una perspectiva laica, despojada de toda consideración religiosa o de moral particular.


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