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  • Narcotráfico: una visión alternativa

    Por: Gregorio Urías Germán, Bien Común y Gobierno, 1 de diciembre de 2001.
    Temas: narcotráfico, economía, guerra antidrogas, Estados Unidos, despenalización,
  • Cada día existen más evidencias que demuestran que el dogma denominado “Guerra contra las drogas” ha sido un rotundo fracaso. Basta acercarnos a los datos que en el contexto de cada país y en el orden mundial arroja el lucrativo negocio de las drogas ilícitas; en este último orden, se considera que tal cantidad oscila alrededor de los 500 mil millones de dólares al año, lo que representa casi 10 por ciento del comercio mundial permitido por las leyes. A ello, debemos sumar las miles de vidas humanas que anualmente se pierden como consecuencia de la disputa del mercado de estupefacientes y de los millones de adictos que cada día pasan a formar parte de los seres humanos dependientes de algún tipo de droga en el mundo.
    Es ya un lugar común que los diversos foros, cumbres y grupos de contacto de carácter multinacional, se caractericen por no ir más allá de la retórica represiva contra el narcotráfico. Se trata, de un círculo vicioso en el que todo deriva en la búsqueda de nuevos y más sofisticados instrumentos (leyes, penas, armas y avances tecnológicos) para profundizar y continuar la mencionada “Guerra contra las drogas”.
    Estas políticas que parten de la penalización del consumo y en consecuencia, de todas las actividades de la cadena del narcotráfico, han sido impuestas por los Estados Unidos y aplicadas acríticamente por los gobiernos de los países latinoamericanos bajo el argumento de que son el país más afectado por la gran demanda que genera un mercado de aproximadamente 30 millones de consumidores y por las fuertes presiones de sectores conservadores que luchan contra el uso de las drogas en dicho país.
    El problema de fondo, a nuestro juicio, debe ubicarse en el campo de la economía; es decir, el fenómeno del narcotráfico como la actividad que genera la principal ganancia en el mundo de los negocios. Las cifras son más que ilustrativas: mientras que en Colombia el kilo de cocaína se cotiza apenas por encima de los mil 500 dólares, en los Estados Unidos se puede comercializar hasta en 30 mil dólares en función de la región geográfica donde realice la operación, cifra que puede duplicarse o triplicarse si esa misma droga se incorpora al mercado europeo o asiático. Los cientos de miles de millones de dólares que deja esta lucrativa actividad originan, también, una despiadada lucha por el control de las divisas, mismas que por su cuantía son estratégicas al grado de concentrar poder tanto económico como político, capaz de desestabilizar a un país o inclusive a varias naciones. Sólo en el caso de México, el narcotráfico deja una derrama económica cuyas cifras se aproximan a los 30 mil millones de dólares anualmente.
    Es posible que para los Estados Unidos el no contar con la producción de materia prima de algunas drogas constituya un problema, aunque de menor importancia; es el caso de la cocaína que representa la mayor sangría para su economía.
    Pero también la política antinarcóticos estadounidense se ha convertido en un instrumento de espionaje, subordinación e intromisión que vulnera la soberanía de las naciones, tal como lo fue la amenaza del comunismo en la “Guerra Fría”. Como el caso del centro multiagencial que se encuentra en la embajada de Estados Unidos en México y el centro de Inteligencia de Paso Texas, ya que ambos mantienen un monitoreo constante sobre las políticas antidrogas del gobierno mexicano. Situación de la que no están exentos los demás países latinoamericanos. El centro multiagencial coordina esfuerzos de la DEA, el FBI, la CIA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El centro de inteligencia del Paso Texas es el centro neurálgico de la DEA para operaciones en la frontera México-Estados Unidos.
    Como sabemos, la práctica de las certificaciones unilaterales funciona también como una medida de presión y chantaje que afecta las relaciones económicas y políticas entre los países involucrados; habrá que revisarlas junto con todos los convenios bilaterales.
    El narcotráfico se incrementa de manera vertiginosa nacional e internacionalmente e impacta cada vez más las relaciones entre las diversas naciones, específicamente entre Latinoamérica y Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, nos enfrentamos a un serio problema que afecta la estabilidad e integridad de nuestras instituciones, agravado por el intervencionismo de las políticas instrumentadas por el gobierno estadounidense con el pretexto de su combate, lo que atenta contra la soberanía de los países de Latinoamérica. Hecho inadmisible que estamos obligados a contrarrestar con el diseño de una estrategia propia, con independencia de los postulados e intereses de Estados Unidos.
    La globalización de los últimos tiempos ha convertido al narcotráfico en un fenómeno mundial que representa uno de los más grandes problemas en lo político, económico y social. Por lo tanto, sólo podrá ser enfrentado a fondo y de manera eficaz, mediante la definición de una nueva estrategia, con un enfoque distinto resultado de un profundo debate en los espacios de orden internacional, como el que ahora nos reúne.
    Con el propósito de avanzar en la búsqueda de una solución a este problema, será necesario discutir una propuesta integral debidamente sustentada, en la que nosotros, los países latinoamericanos, debemos trabajar en la definición de una estrategia alternativa a la actualmente impuesta por los Estados Unidos. Se tratará de encontrar un camino distinto ante el fracaso evidente de la actual vía; pero, sobre todo, de considerar en primer plano los intereses de los países productores y de tránsito, que son los más afectados por la estrategia intervencionista de la “Guerra Contra las Drogas”.
    Hoy más que nunca, es necesario impulsar un nuevo discurso que transparente con objetividad lo que representa el fenómeno del narcotráfico y que supere la desinformación y confusión que gobiernos, círculos políticos y económicos han generado sobre el tema.
    Habrá que diferenciar en el gran debate propuesto, las implicaciones y secuelas que acarrea no sólo el consumo de las drogas, sino todas las facetas del narcotráfico, pues es indiscutible que el consumo representa por sí mismo un serio problema de salud pública. Pero además, ha quedado demostrado que en algunas regiones donde operan las bandas de narcotraficantes, la violencia y la enorme cantidad de homicidios que generan las disputas por los territorios (plazas), son una grave y socialmente intolerable realidad. En estos casos, nos enfrentamos ante una situación que va más allá del consumo mismo y que se ha convertido en problema de seguridad nacional.
    Por lo que corresponde a México, es posible afirmar que el narcotráfico es ya un fenómeno delictivo que ha penetrado significativamente las instituciones del Estado; lo que ha quedado de manifiesto en innumerables casos que tocan el primer nivel del poder público. Nos lo dice el proceso penal instruido al general Gutiérrez Rebollo ex director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas; los nexos de algunos miembros de la familia del ex presidente Carlos Salinas con conocidos traficantes y el caso de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, detenido y sometido a proceso penal, acusado de delitos contra la salud. Éstos, entre una larga lista de asuntos en los que queda de manifiesto la profunda relación de miembros del gobierno mexicano con los principales cárteles de las drogas.
    Aún más, el narcotráfico por su alta capacidad de corromper, tanto a políticos como gobiernos e instituciones (incluido el Ejército de nuestro país), así como por su capacidad para tejer redes de complicidad institucional, mismas que corroen instancias de gobierno y corporaciones encargadas de combatirlo, son motivos preponderantes que menoscaban la transición a la democracia, al bienestar social y a la seguridad de la nación.
    Mientras el negocio sea ilegal y, por lo tanto, reprimido, se estará afectando directamente la relación oferta-demanda, asegurando con ello, altísimas tasas de ganancia que, junto con la evasión fiscal, elevan su gran poder de corrupción y violencia. Es por tal motivo, que conviene discutir científicamente las ventajas y desventajas de una nueva estrategia internacional para despenalizar progresivamente algunas de las sustancias con las que actualmente se trafica, a efecto de ir desactivando paulatinamente el gran mercado negro de los estupefacientes. Proponer lo anterior, no es nada fácil, es como abordar los temas del aborto o la pena de muerte, pero debido a la extrema gravedad del problema, es ya necesario explorar, sin prejuicios ni discursos de doble moral, alternativas distintas a las que hasta ahora no sólo han fracasado, sino que han profundizado el conflicto, aunque lo anterior sólo será posible mediante la discusión y el consenso internacional.
    La nueva estrategia tendrá que darle gran importancia a la información, la cultura y la educación, herramientas indispensables para que de manera razonada y científica acabemos con mitos, tabúes y posiciones oscurantistas. Se trata de abarcar mediante un nuevo enfoque integral, las perspectivas de salud, moral, social y, por qué no, la esotérica y religiosa, a efecto de buscar el método más adecuado para inhibir y combatir, en su caso, el consumo de drogas cuyo uso continúa incrementándose. Si ha quedado de manifiesto que con el nombramiento de fiscales especiales no se aprecian resultados significativos por qué no, explorar nuevos esquemas como podría ser, una coordinación donde el enfoque prevención sea la estrategia dominante y no la subordinada; con un equipo de trabajo especializado con formación biomédica y farmacológica.
    Se tendrá que educar a través de programas a cargo de las instituciones de educación y salud, investigar científicamente las reacciones que originan las diversas drogas y su poder de provocar dependencia en el ser humano, tanto en su aspecto físico como psicológico. Asimismo, orientar respecto del grado de toxicidad y de adicción que generan las sustancias derivadas de precursores naturales y su diferencia con las de origen químico. Consecuentemente, al hacer las comparaciones científicas con las drogas legales (alcohol, tabaco, fármacos, etcétera) y al realizar un debate amplio y de consulta con la sociedad, podremos acercarnos a un acuerdo respecto de qué substancias son factibles de legalizar y cuáles definitivamente no. Es importante para estos efectos, estudiar a profundidad experiencias como las de Holanda, así como acercarnos a procesos como el que ahora cursa Bélgica.
    De resolverse la legalización de algunas de las drogas hasta ahora consideradas como ilegales, tendrá que desarrollarse una campaña informativa de gran intensidad y profundidad, como no se ha instrumentado contra el consumo del alcohol y del tabaco; junto con ello deberán de tomarse medidas de control para evitar que la liberalización del consumo dispare el uso de estimulantes y se agudice el problema de salud pública, para lo cual podrían establecerse registros para regular, en algunos casos, la adicción como enfermedad y otro para fijar los grados de concentración de las sustancias. Asimismo, sería prioritaria la creación de una instancia de control en cada país, cuyas facultades se enfoquen exclusivamente a la vigilancia de la reglamentación respectiva del tabaco, alcohol y otras sustancias ya legalizadas.
    La definición de nuevos acuerdos internacionales para iniciar un proceso gradual de despenalización, no implicaría la inmediata derogación de los instrumentos legales y represivos contra el narcotráfico, sino que, habrá que sanearlos, combatiendo eficazmente la corrupción, en tanto se avance en la erradicación o transformación del problema, hasta que el Estado fuera logrando su control. Es decir, hablamos de un proceso integral y en sincronía, que tendrá sus etapas y evaluaciones por los organismos internacionales para ir haciendo ajustes en función de los resultados.
    Una parte importante del acuerdo comprendería un ataque frontal a la corrupción de todas las instituciones públicas y privadas ejemplo de esta última, es la agresiva publicidad tendenciosa y subliminal que inducen el consumo de alcohol y tabaco y que de algún modo tengan injerencia en dicha problemática, lo cual es indispensable para lograr eficacia en las medidas de control y regularización.
    Uno de los primeros pasos a seguir es quitar las cargas y distorsiones de orden político y evitar que siga siendo un estigma; concederle transparencia de modo tal que revele el manejo hipócrita que gobiernos y medios han creado sobre el tema: desmitificar la vida del narcotraficante, eliminar la apología del delito, superar sobre la visión amarillista de la nota policíaca. Puesto que, el narcotráfico es utilizado para desprestigiar, chantajear, presionar, someter y reprimir a gobiernos y países, en tanto se trata de un asunto de fama pública, casi nadie —menos aún si se mueve en la política partidaria— se atreve a plantear la posibilidad de la legalización. Sin embargo, el postergar la discusión de este tema nacional y de alcance internacional es posponer de manera indefinida el problema, lo que implica también, cancelar la búsqueda de soluciones profundas al mismo.
    En el caso específico de mi país, los mexicanos estamos ante el riesgo inminente de que nuestra situación derive en un estatus conocido como narco-estado, a partir de la aplicación de estrategias interesadas fundamentalmente en fortalecer el imperio del crimen organizado, con claro sentido de favorecer a grupos económicos y políticos que daban sustento al régimen. Hoy se abre la histórica oportunidad de alcanzar un verdadero cambio de sistema político y, con ello, acabar, lo cual no será fácil ni seguro, con los intereses ligados al crimen organizado, que nacieron y se fortalecieron en dimensiones superlativas, precisamente al amparo de un Estado antidemocrático, al cual prestaron sus servicio. Por ello, la transición a la democracia, la recuperación de la economía y su desarrollo, la distribución equitativa de la riqueza, el mejoramiento de la calidad de vida para todos y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, están estrechamente ligados.
    Para lo anterior, es necesario abrir paso a una nueva cultura de la verdad y de la transparencia contra la simulación y la doble moral, porque detrás de mitos, mentiras, cinismo y sobre todo de la desinformación o información oficial, se amasan grandes fortunas con olor a sangre y pólvora, ilegalmente acumuladas por grandes empresarios, banqueros y políticos, cuyos operadores, los capos del narcotráfico, son periódicamente relevados por los altos mandos de la narcopolítica.
    Se tendrá que discutir la aplicación de un marco legal transnacional y paralelo al proceso mundial de despenalización de algunas de esas sustancias, que tal vez nunca podrán ser erradicadas. En este sentido, los mexicanos comprometidos con la lucha por preservar el papel de México como nación soberana y con la aspiración de construir un Estado social, democrático y de derecho, así como de alcanzar para nuestros pueblos niveles de desarrollo sustentable que les garantizan una vida digna, estamos dispuestos a impulsar políticas acorde con los conceptos mencionados, que en el caso del fenómeno del narcotráfico, no sólo se relacionan con el consumo sino también, con todo un sistema político que lo ha fomentado.
    Es hora de dar la pelea en serio contra este flagelo que lastima en lo más hondo a nuestras familias, pueblos y naciones; y que se utiliza para intervenir grotescamente en asuntos que sólo competen a nuestras soberanías. Vamos rompiendo la columna vertebral del narcotráfico, quitémosle el lucro desorbitado que representa la prohibición legal de algunas drogas; dejemos que éstas asuman su justa dimensión en el mercado y enfoquemos toda nuestra convicción democrática y valores humanitarios a la prevención de las adicciones, con pleno respeto a las libertades de nuestros hermanos.

    © Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, A.C.

 
 
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